Durante este mes de febrero, se celebran en Milán los Juegos Olímpicos de Invierno, una celebración que, sin duda, siempre atrae menos atención que sus homólogos veraniegos, aunque en este caso quizá pueda convertirse en una excepción, a la vista de la acogida popular que están teniendo las competiciones deportivas de masas desde hace unos meses.

En este sentido, nadie se sorprenderá si afirmamos que, con toda seguridad, esta última Vuelta Ciclista a España ha sido la que ha generado mayor expectación —cuando menos— en la última década; y sin embargo, sólo un pequeño reducto de incondicionales del ciclismo sabrá indicar el nombre del campeón.

Efectivamente, la atención mediática originada en torno a La Vuelta trascendió los límites de lo estrictamente deportivo, pues, frente a la participación de Israel-Premier Tech —el equipo con el que la entidad sionista pretendía blanquear su imagen ante el mundo en medio del abyecto genocidio que perpretra en Gaza—, fue la propia organización social de solidaridad con el pueblo de Palestina la que logró recuperar un mecanismo que parecía haber caído en el olvido: el boicot.

Una herramienta de largo recorrido

Como analizamos en otro artículo, en el caso de la última Vuelta a España los efectos de la autoorganización del movimiento solidario con Palestina fueron haciéndose más y más evidentes a cada jornada que se sucedía, hasta el punto de que la última etapa debió suspenderse a nada menos que 36 kilómetros de la meta, un hito en la historia del ciclismo que atrajo la atención de los medios de comunicación en todo el mundo y que evidencia la exigencia por parte de amplísimas capas populares de excluir y no normalizar la participación de quien impunemente comete crímenes contra la Humanidad.

Sin embargo, si bien es cierto que se trata de un hecho sin duda histórico en el ciclismo español, el recurso al boicot en competiciones deportivas no es ni mucho menos un fenómeno novedoso. Bien al contrario, se trata de una herramienta internacionalista de larga data que ha pretendido y a menudo logrado romper los límites de la diplomacia —o complacencia— entre Estados y forzar a los gobiernos a posicionarse y adoptar medidas frente a situaciones intolerables.

Berlín 1936

Uno de los ejemplos más famosos es el boicot a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Adjudicados a la capital alemana en 1931, la celebración olímpica se vio afectada por los llamamientos al boicot que —tras el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933—  organizaron numerosas asociaciones judías y marxistas en todo el mundo, como forma de deslegitimar al régimen nazi e impedir la realización de un evento al que el Reich pretendía convertir en un gran escaparate propagandístico.

En este caso, lamentablemente, el boicot se dio principalmente a título individual, ausentándose de la competición deportistas judíos o militantes opositores al régimen nazi por lo que, tras la decisión final del Comité Olímpico Estadounidense de no boicotear, los Juegos Olímpicos de Berlín pudieron celebrarse con normalidad, asistiendo el planeta entero a un fastuoso evento de propaganda nacionalsocialista.

La única —y honrosa, por lo que nos toca— excepción fue el boicot de España, único país en ausentarse oficialmente de la convocatoria olímpica. En su lugar, se organizó en la ciudad de Barcelona por parte de la Generalitat de Cataluña una Olimpiada Popular que contraprogramase a la de Berlín.

Sin embargo, el golpe de Estado iniciado en Melilla el 17 de julio y su réplica en la Península en la jornada del 18 impidieron que la Olimpiada Popular pudiera siquiera inaugurarse el día después, provocando que el Estadio de Montjuic tuviera que esperar hasta 1992 para volver a albergar la ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos.

Paradójicamente, cabe señalar, a modo de curiosidad, que no todos los deportistas se marcharon de Barcelona, sino que precisamente numerosos atletas judíos de la delegación de Palestina permanecieron en nuestro país para enrolarse en el bando republicano y hacer frente a la sublevación. Las tornas parecen haber girado desde entonces.

Boicot a Sudáfrica

Además del caso de las Olimpiadas de Berlín, y de un modo semejante a lo que hoy se plantea para con Israel, destaca de forma especial el boicot al que se sometió por décadas a Sudáfrica para denunciar el régimen racista del apartheid.

El apartheid («separación» en afrikáans) fue un régimen de segregación establecido oficialmente en Sudáfrica (y, por extensión, en Namibia, a quien ocupaba) entre 1948 y 1990, que suprimía los derechos políticos y limitaba hasta el extremo el uso de espacios públicos a la población negra, con el objetivo de mantener el dominio de la minoría blanca.

Frente a este régimen y junto con las acciones de resistencia negra al interior del país, se fueron organizando progresivamente diferentes expresiones de rechazo y boicot a Sudáfrica, cuyo hito inicial —al menos en el terreno deportivo— suele señalarse en la decisión del Comité Olímpico Internacional de retirar la invitación a Sudáfrica para los Juegos de Tokio de 1964, después de que su ministro del Interior se negara a enviar una delegación no segregada.

A partir de este momento, el rechazo a la normalización de relaciones deportivas con equipos sudafricanos se fue extendiendo hasta tal punto que la propia ONU en 1980 estableció un Registro de Contactos Deportivos con Sudáfrica, que —sin establecer formalmente sanciones ni castigos— pretendía generar una presión y señalamiento hacia deportistas y entidades con el objetivo de aislar internacionalmente al régimen del apartheid. Cinco años después, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes.

Pese a que estos instrumentos normativos evidenciaban la situación de clara vulneración de Derechos Humanos en Sudáfrica —como ocurre actualmente en Palestina—, su plasmación efectiva a menudo era limitada por los potentes tentáculos de los intereses imperialistas, que veían en Sudáfrica no sólo a un suministrador de materias primas estratégicas, sino también a un bastión anticomunista frente a los ejemplos cercanos de Mozambique o Angola. Prueba de estas reticencias es la negativa del gobierno de Margaret Thatcher a aplicar el Acuerdo de Geneagles, que impedía la participación de delegaciones deportivas sudafricanas a lo interno de la Commonwealth.

Esta evidencia de que las simples disposiciones normativas no bastaban para hacer caer al régimen segregacionista fue lo que motivó a los movimientos antirracistas a nivel internacional para redoblar la presión, tomando conciencia de que sólo la fortaleza de su autoorganización sería —junto al apoyo militar cubano a Angola— lo que doblaría el brazo de sus respectivos gobiernos para hacer efectivo el aislamiento de Sudáfrica.

Así, al boicot deportivo se fueron sumando las decisiones de empresas que, motivadas por el rechazo popular, optaron por desinvertir en Sudáfrica, como ocurrió con General Electric en 1982, haciendo que, como fichas de dominó, por fin se lograra el establecimiento de sanciones por parte de la Comisión Europea, la Commonwealth y —finalmente— el Congreso de los Estados Unidos contra el régimen sudafricano.

De este modo, ante el desprestigio de su imagen internacional y la asfixia económica, Sudáfrica terminó por abolir la ley del apartheid en 1990, estableciendo —al menos a nivel formal— la igualdad de derechos sin distinción de razas ni color de piel.

Irritación selectiva

El caso de Sudáfrica es relevante porque muestra de forma clara cómo la autoorganización y la acción de masas a nivel internacional logró el objetivo de derrumbar mediante el boicot al régimen del apartheid. 

En gran medida, este planteamiento es el que, con la pretensión de parar el genocidio en Gaza, motivó a numerosos manifestantes a salir a las carreteras para paralizar la Vuelta y pedir el aislamiento del equipo de Israel; un planteamiento que, no obstante, ha provocado también la aparición de algunas voces discordantes preocupadas por la imagen que España está dando al mundo, algo que también ha llevado a denunciar tanto en Madrid como en Cádiz las muestras de solidaridad con Palestina en centros educativos, hasta el punto de amedrentar a sus trabajadores con expedientes de expulsión.

Resulta llamativo, en este sentido, este espontáneo fenómeno que podríamos denominar de «irritación selectiva»; esto es: mostrar un rechazo frontal a las propuestas de quienes piden excluir a un Estado que, como Israel, está cometiendo un genocidio televisado, mientras que en otros casos se han sumado sin mayor inconveniente al boicot frente a otros países.

El ejemplo más obvio es el de Rusia. Apenas cuatro días después de que el Kremlin ordenase la invasión de Ucrania, el Comité Olímpico Internacional vetó a los equipos rusos de todas las competiciones deportivas, la FIFA y la UEFA suspendieron la participación de equipos rusos, la Fórmula 1 canceló el Gran Premio de Rusia y hasta se acordó trasladar la final de la Champions de San Petersburgo a París en un solo día. Ni que decir tiene que todos los partidos de la Liga esa temporada pasaron a retransmitirse con un rótulo que rezaba «No a la invasión».

Es más, el boicot no se limitó a lo estrictamente deportivo, sino que rápidamente bloquearon cientos de miles de millones de dólares en reservas de divisas propiedad del Banco Central de Rusia depositados en el extranjero y la Comisión Europea dictó un reglamento que incluía un amplísimo paquetes de sanciones contra la economía rusa y también contra miembros de su gobierno. Incluso en el ámbito cultural se expulsó a Rusia de Eurovisión y varias universidades españolas suspendieron sus cursos para aprender la lengua y la cultura rusas.

Por supuesto, nadie de quienes ahora rebuznan en contra del movimiento de solidaridad con Palestina expresó la más mínima incomodidad por el conjunto de sanciones y exclusiones a Rusia detalladas en el párrafo anterior. Todo lo contrario, fueron numerosos los gestos simbólicos de apoyo a cada oportunidad que tenían.

Resultan curiosos también aquellos llamados a «no mezclar deporte con política», como si, en primer lugar, existiera algún ámbito social al margen de la política y, en segundo lugar, no fuera el deporte un espacio en el que, de manera habitual, se palpan y expresan las tensiones políticas; más aún, como si no hubieran sido frecuentes, por ejemplo, los constantes boicots olímpicos durante la Guerra Fría, como el caso de Juegos Olímpicos de Moscú 1980 —decretado por los  Estados Unidos y secundado por sus principales aliados y por una República Popular China enfrascada en su ruptura con la URSS—  y Los Ángeles 1984, emprendido por numerosos países del campo socialista.

Lo que parece irritar a estos voceros del sionismo no es otra cosa que la posibilidad palpable de que la autoorganización del movimiento de solidaridad con Palestina sea capaz de torcer el brazo y forzar la adopción de medidas que aíslen y dañen la viabilidad del Estado genocida. En este sentido, podríamos recordar la célebre cita indebidamente atribuida a Don Quijote: «Ladran, Sancho, señal que cabalgamos».

Un primer paso

En efecto, y aunque no se puede negar el peso evidente que ha tenido el recrudecimiento del genocidio, las acciones de boicot masivamente secundadas durante la Vuelta a España —y su repercusión mediática internacional— parecen haber forzado a los gobiernos a dar pasos y adoptar medidas que, no por hipócritas y manifiestamente insuficientes, dejan de reflejar la necesidad, cuando menos moral, de desvincularse del exterminio abiertamente dirigido por la entidad sionista.

Así, coincidiendo con las protestas durante las etapas, el presidente del Gobierno de España no sólo anunció las ya famosas nueve medidas —a cuyas graves carencias dedicamos un artículo— contra la acción destructiva de Israel o que, días más tarde, enviara un buque militar para escoltar —aunque sin entrar en lo que Israel considera sus aguas territoriales— a la Global Sumud Flotilla, sino que ya se califica abiertamente de genocidio la matanza a la que asistimos en Gaza. Lamentablemente, ha sido necesario dejar transcurrir dos años y medio de crímenes de guerra diarios y un saldo de víctimas que las estimaciones más conservadoras cifran ya en más de 67.000 personas (más de 19.000 de las cuales eran niños) para rendirse ante la evidencia y comenzar a llamar a las cosas por su nombre.

Lo que resulta, en cualquier caso, ya innegable es el desprestigio de la imagen de Israel; si tras las acciones del 7 de octubre de 2023 la narrativa oficial era de solidaridad con el Estado sionista y cualquier reticencia era tachada de antisemita o de simpatizar con el fundamentalismo islámico, a día de hoy el apoyo a Israel parece quedar cada vez más recluido en un reducto de fanáticos que parecen querer analizar la política internacional reduciéndola al absurdo y ridículo nivel de «moros contra blancos».

Tan es así, que los mismos que anteayer proclamaban la Declaración Balfour y ayer perseguían las concentraciones propalestinas, hoy se suman a la oleada de reconocimientos del Estado de Palestina. En el caso de nuestro país, ya incluso en el PP comienzan a surgir voces que —conscientes del bochorno que representará en no mucho tiempo ser señalados como colaboracionistas y hooligans del genocidio sionista— muestran su apoyo al Estado de Palestina y piden a Israel el fin de la masacre; incluso el mismísimo alcalde xenófobo de Badalona, Xavier García-Albiol, ha calificado de genocidio las acciones de Israel.

Sin embargo, a pesar de la tímida satisfacción por reconocer los logros conseguidos, debemos ser cautos: no es ya simplemente que las medidas adoptadas sean papel mojado, es que la opción diplomática por la que se está optando es por la llamada «solución de dos Estados».

La solución de los dos Estados no es más que una ficción, existente sólo sobre el papel, según la cual coexistirían en el territorio del antiguo mandato británico de Palestina el Estado de Israel y el Estado palestino, con unas fronteras establecidas según la línea de armisticio que imperaba hasta el estallido de la Guerra de los Seis Días en 1967, esto es: el Estado de Palestina abarcaría los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza (separados territorialmente) y tendría como capital la parte oriental de la ciudad de Jerusalén.

Dejando al margen el hecho de que esta propuesta implica una situación más desfavorable para el pueblo palestino incluso que el Plan de Partición elaborado por la ONU en 1947, se trata de un proyecto muerto antes de nacer, pues Israel no sólo domina el territorio que internacionalmente se le reconoce, sino que también ejerce el control territorial de la práctica totalidad de Cisjordania, sus fronteras, las entradas y salidas e incluso los desplazamientos al interior a través de múltiples puntos de control. Por si todo ello no fuera suficiente, gran parte del territorio cisjordano está ocupado por asentamientos israelíes que de facto funcionan como verdaderas ciudades integradas en el Estado de Israel. 

Toda esta situación, además, se ha legitimado administrativa y formalmente con la firma de los Acuerdos de Oslo de 1993, a los que vergonzosamente se sumó la Organización para la «Liberación» de Palestina dirigida por Yasir Arafat, quien de este modo no sólo reconoció al Estado de Israel sino que renunció a la vía armada para la liberación nacional, otorgando, pues, el monopolio de la violencia y de las armas a un ejército israelí que obviamente no ha renunciado a su poder militar, ni muchísimo menos.

Dicho de otro modo, Israel se ha encargado, a través de múltiples vías, de que ese planteamiento llamado «solución de dos Estados» no sea más que una quimera imposible de realizar, de tal manera que se puede reconocer sobre el papel un Estado palestino que en realidad no es más que una ficción jurídica, como afirma con razón el propio Benjamin Netanyahu, bajo cuyo gobierno ya se han duplicado los asentamientos en Cisjordania y amenaza con ampliarlos todavía más.

Por tanto, cuando los gobiernos occidentales se suman en tromba a reconocer el Estado de Palestina lo único que están haciendo es correr a lavar en las aguas del Jordán una imagen manchada por la colaboración en la masacre, pero sin tener ninguna voluntad de avanzar hacia la descolonización de Palestina o detener la limpieza étnica.

Por si todo lo anterior fuera poco, resulta preciso denunciar que a quien se reconoce como gobierno del Estado palestino es a la Autoridad Nacional Palestina dirigida por Mahmud Abás, de Fatah. Una ANP que ni tiene autoridad, ni es nacional ni rinde cuentas ante el pueblo palestino, sino que le sirve a Israel como «delegación de asuntos indígenas» y que se comporta como una administración cipaya que colabora en la represión de las revueltas. Tan evidente resulta que la ANP no aspira a la liberación de Palestina, que el propio Abás ha proclamado su deseo de que ese Estado palestino esté desmilitarizado. ¿Qué clase de Estado se pretende construir si éste renuncia incluso a contar con los medios para defender su territorio?

Conclusión: no quedarnos a mitad de camino. La propuesta BDS

Como resulta evidente, la «solución de dos Estados» no implica ni la solución de nada ni la construcción de dos Estados, sino la perpetuación de un régimen semicolonial en Palestina. La solución no pasa por el sostenimiento de un etnoestado cuya existencia se basa en fundamentos de tipo religioso y que recluye a la población autóctona en «reservas indias» o bantustanes al modo sudafricano como los que mencionábamos anteriormente, sino en la completa descolonización de Palestina, en la construcción de un único Estado laico que permita el retorno de los cientos de miles de palestinos expulsados tras la Nakba y en el que judíos, musulmanes, cristianos, drusos y ateos puedan convivir en igualdad de derechos, sin segregación étnica ni religiosa.

Para alcanzar ese objetivo y la urgente meta de frenar el genocidio, la pregunta que a menudo nos surge es «¿qué podemos hacer?», ¿cómo podemos contribuir a terminar con la masacre? La respuesta nos la da la propuesta BDS: boicot, desinversión y sanciones.

En primer lugar, el ejemplo de la Vuelta a España evidencia las potencialidades que tiene el boicot si verdaderamente resulta en una acción de masas. La presión para excluir a Israel de todos los eventos de la vida social genera un clima de presión que fuerza a los gobiernos de nuestros países a adoptar medidas para no normalizar la existencia de un Estado genocida, para excluirlo de cualquier evento deportivo, cultural o de cualquier otro ámbito.

En segundo lugar, redoblar la presión para —a través del boicot— forzar a las empresas que sustentan económicamente al ente sionista a cortar sus lazos, retirando sus inversiones de Israel (y, por supuesto, de los territorios que ocupa en Cisjordania o los Altos del Golán) y poniendo fin a sus relaciones económicas, comerciales y financieras para hacer que el régimen del apartheid sionista y el genocidio sea insostenible materialmente.

Y, por último, generar un clima social de desprestigio tal que fuerce a nuestros propios gobiernos y a los organismos supranacionales a imponer sanciones a Israel, y mantener una vigilancia exhaustiva para que el cumplimiento de dichas sanciones sea efectivo y no aparezcan resquicios legales que posibiliten la colaboración con el sionismo.

Sin embargo, una condición sine qua non para que la propuesta BDS resulte efectiva es que no se limite al estricto ámbito de la actuación individual y del consumo ético, sino que, por el contrario, debe constituirse como una verdadera acción de masas.

El ejemplo de Sudáfrica nos muestra que la acción de masas organizada a nivel internacional permite derribar regímenes abyectos y la Vuelta a España nos indica la efectividad del primer paso, no nos contentemos con brindis al sol ni tampoco nos quedemos a mitad de camino, mantengamos la firmeza hasta alcanzar definitivamente un objetivo final que sigue siendo el mismo: la completa liberación de una Palestina libre y laica desde el río hasta el mar.