La ciencia es un término que de por sí genera mucho debate y controversias, aunque realmente solo a nivel académico. Y aunque estos debates acerca de qué es la ciencia, qué es el método científico, o sobre si es la única forma que tenemos de acercarnos al conocimiento, pueden ser interesantes, lo cierto es que a veces nos aleja del foco principal: ¿para quién se hace la ciencia?
Una visión muy extendida entre los científicos es la del investigador neutral, que únicamente busca conocer la naturaleza o la sociedad de la forma más exacta posible, y extraen ciertos datos para explicarla. Sin embargo, esta visión tan poco realista del investigador debe ser puesta en evidencia, puesto que incluso si asumiéramos una persona carente de ideología (Marx nos pille confesados), deberíamos preguntarnos de dónde surge el dinero para ciertas investigaciones y por qué hay escasez en otras tantas. ¿Quiénes deciden qué investigaciones se financian y cuáles no? Si estas decisiones no son tomadas por la clase trabajadora, significa que hacemos ciencia para la clase capitalista en gran medida y, por lo tanto, refuerzan a la misma.
Esto no significa que toda investigación que se hace en el mundo sirva para reforzar el modelo de producción, no somos tan cortos de miras, pero nos da una explicación de por qué la búsqueda de nuevos modelos energéticos tiene una financiación tan alta comparado con el estudio del arte. En un modelo donde la generación de plusvalía extraordinaria prima tiene sentido; en un mundo en el que las trabajadoras deciden en qué gastar los recursos y el tiempo, puede que no.
Pero si defendemos que la tierra debe ser para quien la trabaja, ¿no deberíamos aplicar el mismo principio a la ciencia? Esta no es una pregunta retórica, y creemos que es peligroso responderla con evasivas. Desde nuestra perspectiva, la respuesta es clara: la ciencia debe estar en manos de quienes la producen, de quienes la trabajan. Sin embargo, el modelo actual de producción de conocimiento dista mucho de estar bajo el control de sus trabajadoras y trabajadores. En muchos casos, lejos de servir para liberarnos de las estructuras de opresión capitalista, para lo que sirve es para reforzarlas.
En este artículo, ofrecemos algunas reflexiones para entender cómo funciona la academia hoy. Hablaremos sobre los intereses que impulsan el modelo actual de producción científica, el papel que juegan las investigadoras e investigadores dentro del sistema capitalista, los problemas que genera la competencia desenfrenada en el ámbito académico y, finalmente, esbozaremos algunas propuestas para construir una ciencia al servicio de la clase trabajadora
¿Quién decide qué se investiga?
A la hora de entender para quién se hace ciencia, es fundamental analizar cómo se eligen las áreas de investigación. Hoy, la mayoría de las investigadoras e investigadores dependen de financiación externa para llevar a cabo su trabajo, y esta financiación suele venir con condiciones que determinan los objetivos y temas a explorar. Generalmente estos fondos de financiación son o bien autonómicos, estatales o europeos.
Aunque no toda la ciencia producida es funcional al sistema capitalista, las presiones de este sistema son cada vez más intensas, especialmente en campos donde los resultados pueden traducirse rápidamente en beneficios económicos. Pensemos, por ejemplo, en áreas como la biotecnología (con proyectos centrados en aumentar la productividad agrícola), la genética, la ingeniería industrial o, sin ir más lejos, la investigación militar. Un caso paradigmático: en Estados Unidos, el Departamento de Defensa (DOD) destinó aproximadamente $2.9 mil millones a la investigación básica en 2023. No al desarrollo de tecnología puntera, no, al desarrollo de ciencia básica con la idea de sobrepasar los límites actuales que sirvan para traer una futura revolución tecnológica para su hegemonía militar y económica.
En el caso de las ciencias sociales y humanidades, podría pensarse que, al no producir resultados directamente comercializables, estas disciplinas estarían menos expuestas a estas presiones. Sin embargo, la realidad es distinta. Las empresas y los gobiernos ven a las científicas y científicos sociales como expertos en comportamiento humano, capaces de aportar claves para modificar conductas en beneficio del Estado y del capital. Esto se refleja en estudios de mercado, análisis de opinión pública o evaluaciones de políticas públicas, donde el conocimiento social se pone al servicio de intereses ajenos a los de la clase trabajadora. Así, conocer el comportamiento de las sociedades permite en muchas ocasiones entender los flujos de masas, en base a qué parámetros las sociedades deciden las acciones u opiniones.
La creciente dependencia de la financiación privada, especialmente en las llamadas «ciencias duras», ha llevado a que muchos equipos de investigación subordinen sus intereses científicos a los de las empresas. Estas buscan asegurar monopolios sobre productos rentables a través de patentes, priorizando el lucro sobre el avance del conocimiento. En las ciencias sociales y humanidades, donde la financiación sigue siendo mayoritariamente pública, los intereses de los investigadores a menudo se ven desplazados por las agendas del Estado1.
En definitiva, vivimos en un sistema de producción de conocimiento donde los intereses de quienes investigan quedan supeditados a los de las grandes empresas y los Estados. Este modelo no solo limita la autonomía de la ciencia, sino que también condiciona su capacidad para contribuir a la transformación social.
El caso práctico del Estado Español
Para entender cómo esta lógica general se aplica en el Estado Español, es interesante explorar algunas de las líneas de financiación. Centrémonos por ejemplo en el caso de los estudios pre doctorales, es decir, aquellos que se realizan para tener el título de doctor. Con la excepción de ciertas financiaciones públicas, como los programas para la Formación de Profesorado Universitario, otras muchas privadas como las ayudas predoctorales del programa INPhINIT de la Fundación La Caixa estan condicionadas para favorecer los intereses empresariales y estatales.
Un ejemplo claro es la financiación privada de la Fundación Ramón Areces, ligada al El Corte Inglés. Esta fundación ofrece tres líneas de ayudas predoctorales: A) Para ciencias de la vida y la materia, B) para ciencias sociales y C) para humanidades. Aunque los criterios de puntuación de esta fundación son opacos, las áreas que financian tienden a ser susceptibles de generar beneficios económicos. Por ejemplo, en las ciencias de la vida y la materia, se premian proyectos ligados a la Biomedicina y las enfermedades raras, pero también se incluyen temas más amplios. En las Humanidades, se financian áreas como las humanidades digitales, la Filosofía o la Geografía. Sin embargo, en las ciencias sociales, la convocatoria se limita principalmente a la Economía y, en menor medida, al Derecho, disciplinas con un claro interés económico para las empresas.
Este es solo un ejemplo de financiación privada, pero es clave entender cómo los fondos europeos, nacionales y autonómicos también se estructuran en torno a objetivos políticos que preservan el sistema dominante. Tomemos el caso de los proyectos financiados bajo el marco Horizon Europe. De los 95.500 millones de euros, 25.000 millones están destinados a expandir el sistema científico europeo, 3.400 millones para fomentar la excelencia científica, 13.600 millones para mejorar la innovación económica y la competitividad europea, y 53.500 millones para lo que la Unión Europea denomina “Desafíos Globales”. Estos dos últimos apartados (innovación económica y desafíos globales) son de especial interés. Los fondos de innovación económica buscan mantener el sistema capitalista y hacer más competitivos a los capitalistas europeos. Sus objetivos son crear innovaciones en las empresas que permitan ensanchar la frontera de acumulación, es decir, engrasar la maquinaria de creación de beneficios privados. Los fondos ligados a “Desafíos Globales” son más amplios, pero también muestran un claro sesgo hacia actividades productivas. Por ejemplo, los fondos para “Lo Digital, lo Industrial y el Espacio” reciben 15.300 millones de euros, mientras que los destinados a “Cultura, Sociedad y Sociedad Inclusiva” apenas alcanzan los 2.200 millones.
A nivel estatal, una de las principales financiaciones predoctorales son los contratos predoctorales para la formación de doctores (antiguos FPI’s). Estos proyectos financian una tesis doctoral asociada a una línea de investigación predefinida por el grupo de investigación que acoge al predoctoral. Los fondos están ligados al Plan Estatal de Innovación Científica, Técnica y de Innovación, que establece líneas prioritarias de investigación prácticamente equivalentes a las marcadas por la Unión Europea en Horizon Europe. Así, vemos otra instancia en la que los fondos para hacer ciencia se orientan hacia proyectos con resultados apetecibles para el Estado y el capital.
En el ámbito autonómico, aunque por motivos de espacio sería imposible indagar en todas las comunidades del Estado, es clave resaltar el papel de las políticas de “Especialización Inteligente”. Estas estrategias, impulsadas desde la Unión Europea, buscan orientar el conocimiento hacia objetivos políticos territoriales. Por ejemplo, la Xunta de Galicia otorga puntos adicionales a proyectos de investigación que avancen en sus prioridades políticas, como la vida saludable y el envejecimiento activo, donde se premian proyectos que fomenten la “economía plateada” (creación de bienes y servicios para la población mayor de 50 años).
Hacia una ciencia al servicio de la clase trabajadora
En este artículo hemos analizado cómo los mecanismos de financiación condicionan la ciencia, alejándola de quienes la producen. Frente a esta realidad, es urgente plantear alternativas. Necesitamos una ciencia que no esté al servicio del capital, sino de quienes la producen y de la sociedad en su conjunto. Esto implica democratizar la toma de decisiones en la investigación, garantizar financiación pública sin condicionantes empresariales y fomentar una cultura académica basada en la colaboración, no en la competencia. Una ciencia al servicio de los intereses de la clase trabajadora que se base en las necesidades más acuciantes, no en la mejora de la cadena de producción capitalista ni en el reforzamiento de la superestructura ideológica.
La ciencia puede ser una herramienta de liberación. Puede estar orientada a resolver los problemas reales de la mayoría social: la pobreza, el deterioro ambiental, la salud pública, la cultura y la educación crítica. Pero para eso, es necesario un cambio profundo en la estructura de financiación, control y orientación de la investigación.
Una ciencia al servicio de la clase trabajadora no será el resultado de reformas técnicas. Será el resultado de una transformación radical de las instituciones, de la lucha organizada de quienes producen conocimiento y de quienes son sus principales destinatarios: las mayorías explotadas.
Hasta entonces, la pregunta «¿para quién hacemos ciencia?» seguirá siendo el espejo incómodo donde se reflejan las contradicciones de nuestro tiempo.
- Gran parte de este análisis ha sido creado en base a trabajos como el de Pierre Bourdieu en su obra “El Oficio del Científico: Ciencia de la Ciencia y Reflexividad” y las secciones finales de “Reflexiones Entorno a una Política Socialista de la Ciencia” de Manuel Sacristán. ↩︎
