Un camarada, hace tiempo, me preguntó cuál era la táctica que debía seguir un abogado comunista en su intervención. Su pregunta me dejó pensando, ante lo que podía parecer una respuesta lógica: estar con su clase. Pero no era tan sencillo. ¿Cómo se combina el papel de un abogado con la táctica de una organización comunista? Pasaron los meses, y acabé siendo abogado. Ya no podía eludir más el resolver la pregunta. Cuando uno no acaba de ver lo que habrá delante, suele echar la vista atrás. A lo largo del tiempo, han existido distintas células de abogados comunistas. ¿Cuáles eran las orientaciones tácticas que debían regir su actividad concreta? ¿Podemos aprender algo de ello?
A lo largo de estas líneas, intentaré aportar algo a esa contradicción entre la asunción de unos presupuestos revolucionarios, y el desempeño profesional y laboral en torno a un marco legal burgués muy definido.
Algunas notas al respecto
Partimos de un principio formal similar a cualquier trabajo: todos se desarrollan dentro del marco burgués, si bien la abogacía lo hace en el marco más visible del dominio de la burguesía, la ley formal. La diversidad de ramas del derecho burgués nos plantea una dicotomía falsa de la que podemos partir: hay un derecho bueno, caracterizado por su dimensión social, y un derecho perverso, donde se trabaja para los malos. Podemos distinguir entre la dimensión moral y la dimensión política de esa supuesta bondad de algunas ramas del derecho.
Es evidente que la labor de un abogado laboralista que defiende los intereses de unos trabajadores represaliados por su actividad sindical o la de un abogado penalista que defiende a una mujer víctima de violencia de género de su agresor es moralmente bueno. Esto no admite discusión: es una labor que, desde una perspectiva ética, se sitúa en el lado bueno de la historia. No obstante, eso no implica necesariamente que esa labor buena desde un plano moral se equipare con una posición revolucionaria.
La perspectiva desde la que se aborda la redacción de este escrito es la ya sostenida por el revolucionario húngaro Georg Lukács allá por julio de 1920, en su texto Legalidad e ilegalidad. Frente al oportunismo que puede hacer una falsa identificación según la cual que para el Estado tu acción política sea ilegal ya la convierte en revolucionaria; y contra las posiciones socialdemócratas que obligaban a adaptar toda la táctica de la organización del movimiento obrero al marco legal vigente, los comunistas debemos simplemente asumir la legalidad como un hecho histórico más, que afecta a nuestra clase y a nuestra acción, y tener al respecto consideraciones momentáneas de utilidad.
Breve esbozo histórico de la abogacía comunista
Sin entrar a la profundidad del debate entre la compleja relación entre comunismo y moral, podemos hacer algunas reflexiones sobre las distintas experiencias históricas que distintos trabajadores del Derecho burgués han tenido en su actividad militante.
Para comenzar, y poder abstraernos a los principios básicos desde los que poder desarrollar una táctica más concreta, podemos situarnos en el caso más extremo: allá donde un militante comunista con conocimientos jurídicos podía desplegar una actividad revolucionaria en un entorno donde la legalidad burguesa estaba en una transformación reaccionaria sin precedentes. Es decir, qué puede hacer un abogado donde la ley aparentemente deja de existir en sus dimensiones más materiales.
Metodológicamente, encuentro útil esto porque nos permite sacar algunos principios rectores frente a la ley cuando esta se incumple. No hay que irse a un contexto de golpe de Estado o una crisis constitucional para verlo: la ley acaba en la puerta de las fábricas. Allí rigen unas normas diferentes, que no tienen que ser sustancialmente distintas a las que aparecen en el BOE, pues siempre van a guardar cierta coherencia dentro del orden burgués. ¿Cuál es el papel de un comunista conocedor de la legislación laboral en su centro de trabajo? ¿Cuál es la proyección política más allá de ser la persona de referencia para todas las consultas de tus compañeros?
Más allá del centro de trabajo, podemos ver cómo el conocimiento de la ley burguesa, allá donde esta deja de operar, también ha revestido alguna utilidad para la organización revolucionaria de nuestra clase. La experiencia histórica de la que más me gustaría partir es la de Matilde Landa, militante del PCE durante los peores años del pasado siglo, a través de su experiencia en la Cárcel de Mujeres de Ventas. Ya venía de una larga trayectoria de militancia y solidaridad, desde los tiempos del Socorro Rojo en la Revolución de Asturias del 34. En la Cárcel de mujeres de Ventas, creó la Oficina de Penadas, donde se encargaba de la tramitación de indultos, permisos y diligencias varias para las presas:
«Cada vez que venía una condenada a muerte, Matilde hablaba con ella, le explicaba todo el caso; el por qué le habían condenado, qué cosas le habían hecho, qué interrogatorios había sufrido, qué acusaciones tenía, cómo se había desarrollado el proceso y si ella conocía a alguien que le pudiera ayudar o proporcionar algún aval. Era un trabajo apasionante.»1
La iniciativa fue de Matilde Landa junto a otras mujeres comunistas, mucho menos conocidas, con las que compartió desdichas y cautiverios: Mercedes Gómez, Pura González, Ángeles Vázquez o Concha Feria estuvieron entre las que construyeron este precario sistema de apoyo mutuo y organización dentro de la cárcel fascista.
Más allá del éxito que se pudiera conseguir en cada trámite, la misma existencia de la Oficina de Penadas suponía mucho para las afectadas: ayuda, escucha, comprensión, apoyo. Se rompía la soledad de la detención, del proceso represivo, de los interrogatorios, de las torturas. Se construían estructuras colectivas de trabajo y apoyo mutuo. Cada presa salía con un mayor conocimiento, con herramientas útiles para enfrentar su proceso. Pronto empezaron a ayudarse unas a otras, con sus propios aprendizajes. Este trabajo no pasó desapercibido para las autoridades de la prisión: Matilde Landa fue trasladada, y la Oficina de Penadas, cerrada. Las sacas y los fusilamientos siguieron. La solidaridad y el apoyo, también, pero desde otras formas organizativas distintas.
De aquí podemos extraer algunos principios que deben ser fundamentales a la hora de hablar de la táctica de un abogado comunista: la intervención entre los miembros de la clase trabajadora no debe seguir una lógica asistencialista, reproduciendo la relación cliente-profesional que se da en un despacho de abogados. Debe enfocarse desde una función política capacitadora, siempre en relación con la contribución tendencial hacia la autoorganización del sujeto al cual se ayuda jurídicamente. Es decir, el abogado comunista debe explicar al trabajador la ley, los distintos supuestos en los que puede acabar resolviéndose su situación y las mejores medidas a tomar. La clase trabajadora debe entender mejor la ley y el marco legal en el que debe desarrollar y reproducir su vida, pero no desde una lógica utilitarista de saber desenvolverse mejor de una forma individual en la sociedad, sino de una dimensión colectiva, en cuanto que ese conocimiento pueda ser efectivamente utilizado como potencial capacitador en una clave de autoorganización como clase.
Unos años más tarde, en la plenitud de la dictadura franquista, surgen en unos pozos mineros asturianos unas pequeñas estructuras de trabajadores: las primeras Comisiones Obreras. La consolidación y crecimiento del entonces ilegal sindicato requirió para su funcionamiento a una serie de profesionales de las leyes, ese conjunto de abogados laboralistas que emprendió la ingrata tarea de defender a los trabajadores frente a la represiva ley del trabajo franquista mediante el uso de su propio marco normativo.
Tenemos muchos ejemplos: desde el proceso 1001 hasta los despidos en cada una de las miles de huelgas que sacudieron el país desde entonces. Cuál era el riesgo de asociar tu carrera profesional y el nombre de tu despacho de abogados a los comunistas de las Comisiones Obreras estaba claro. Era un precio que pagaron en la calle Atocha un 24 de enero de 1977 Enrique Valdelvira, Luís Javier Benavides y Javier Sauquillo. También lo sufrieron Serafín Holgado, aunque solo era estudiante, y Ángel Rodríguez Leal, el administrativo de la oficina. El fascismo no distinguía de profesiones cuando se trataba de reprimir a la organización obrera.
No estaban solos los abogados de Atocha: detrás de ellos podemos ver la estructuración de las primeras células de abogados comunistas en torno al PCE. Siendo quizá la más avanzada de ellas la que se agrupaba dentro del Colegio de Abogados de Madrid, comenzó con una quincena de militantes en los años sesenta para llegar a la muerte de Franco con más de un centenar y medio de miembros activos. Consultando las actas y los testimonios de sus reuniones, vemos que los temas no distan mucho de los que trata este artículo: ya se daban los debates sobre si los militantes de la célula debían defender a las empresas ante los conflictos que iniciaban contra ellas sus trabajadores en Magistratura de Trabajo, o si se debía reivindicar una igualdad salarial entre abogados y administrativos dentro de un mismo despacho profesional.2
El crecimiento organizativo de esta célula nos muestra algunos rasgos propios del oficio de la abogacía: la profunda división del trabajo y composición de clase que implica (en un momento en el que se empezaba a oír aquello de “el hijo del obrero a la universidad”, pero donde las facultades de derecho no estaban para nada llenas de hijos de albañiles y metalúrgicos), con una brecha marcadamente generacional. El total de las incorporaciones de abogados a la militancia comunista dentro de la célula clandestina venía como un paso natural desde el movimiento estudiantil, siendo casi todos los nuevos afiliados jóvenes recién graduados en Derecho.
A esa diferencia de edad, se sumaba la división de las tareas de intervención de la célula, acorde con la división del trabajo de su ámbito de actuación, que estructuraba tres frentes de intervención: el de los laboralistas, como anexo auxiliar del movimiento obrero (siempre desde una exterioridad al mismo, que dificulta una inserción real en él más allá de los tribunales y los despachos); el asociativo vecinal, paraguas del incipiente tejido asociativo que empezaba a surgir en los barrios de la capital; y el profesional, cuya principal tarea era la intervención política dentro del Colegio de Abogados, así como el trabajo con otros abogados antifranquistas independientes.
El clima para un trabajo político dentro los pasillos de los juzgados y entre abogados parecía ser el más idóneo: aquella gente veía día tras día el atropello a los derechos de cientos de personas inocentes que pasaban por allí a ser juzgados por los tribunales de la dictadura. No obstante, era muy difícil desde ese mismo entorno superar el límite de la mera democratización liberal de la justicia, dentro de un proyecto de democratización social del Estado. Es decir, el trabajo de intervención y elevación ideológica con otros abogados no podía escapar de los marcos de reforma de las instituciones franquistas, y ese marco era idóneo para el nuevo giro eurocomunista que llevaba ya un tiempo asentado en la dirección central del PCE.
Podemos encontrar desde aquí un hilo conductor bastante representativo de la vigencia actual de este límite político, en la figura del Secretario General del PCE, Enrique Santiago, principal exponente de la línea política socialdemócrata, con una fuerte influencia eurocomunista, que hoy domina, burocracia mediante, la dirección central del PCE. Su incansable labor por la democratización de las instituciones judiciales del Estado, la mejora de las condiciones de los jueces o de los funcionarios, forma parte del desnortamiento táctico del cual ha hecho su hogar. Parte importante de su trabajo como diputado ha sido acompañar a colectivos de altos funcionarios, como jueces o fiscales, en sus reivindicaciones.
Hacia la construcción de una táctica para el abogado comunista
No es suficiente con que alguien que acuda a una asesoría legal a un sindicato de vivienda o al servicio de atención jurídica de una asociación de vecinos adquiera una formación suficiente como para poder resolver sus asuntos legales con autonomía. No debemos buscar una capacitación individual de sujetos concretos de la clase, debemos trabajar y construir la capacitación colectiva de la clase trabajadora. Que esos conocimientos que podamos facilitar a alguien se enmarquen siempre dentro de una tendencia hacia la autoorganización del individuo dentro de su clase.
Evidentemente, esto es difícil. El individualismo en el que nos educa concienzudamente el capitalismo hace que sea mucho más sencillo resolver de manera individual nuestro problema, con una ventaja aún mayor si ha sido de manera gratuita gracias al ingenuo desinterés económico de aquel que se organiza en estos espacios. Ahorrarse unos euros de una costosa consulta con un abogado profesional, pudiendo optar por la consulta gratuita con el abogado del colectivo de turno de tu barrio, el cual te puede resolver las mismas dudas a coste cero, es algo de lo que cualquiera se puede aprovechar en un sinfín de ocasiones. Incluso la propia forma en la que hemos venido planteando estos espacios desde una lógica asistencialista y paternalista, han favorecido estas dinámicas.
Al lector atento no se le escapará que, a lo largo del presente texto, no hemos abordado una cuestión fundamental. ¿Que tu trabajo se fundamente en el uso cotidiano de la ley burguesa, implica necesariamente un refuerzo de dicho orden burgués mediante tu actividad política concreta? Hemos visto algunas experiencias donde los conocimientos legales de la militancia comunista han permitido la construcción de espacios de contrapoder, por germinales o incipientes que sean. El precario caso de la oficina de atención legal a las presas de Matilde Landa en la Cárcel de Ventas es un ejemplo de ello, donde el heroísmo militante en la más dura represión fascista no fue siempre de la mano con una efectividad práctica que permitiera salvar más vidas.
Sin embargo, también hemos visto experiencias donde, mediante la utilización de los conocimientos legales como argumento de autoridad, determinados intelectuales se encuadraban, desde dentro de la propia organización revolucionaria, en el campo de la burguesía, y su actividad política apuntalaba la construcción y el perfeccionamiento de la legalidad burguesa.
La táctica y la acción política cotidiana de un militante comunista tiene una relación, en el sentido histórico, con la futura sociedad socialista que se pretende construir. Esa acción comunista, entendida en el sentido lukacsiano como la mediación entre el momento actual y la historia, entre la acción revolucionaria presente y el comunismo, se manifiesta también en la función capacitadora que debemos tener los abogados comunistas: la capacitación de los miembros de nuestra clase para que adquieran los conocimientos jurídicos y técnicos que les permiten una mejor supervivencia al régimen burgués, trascendiendo la relación abogado-cliente, es la misma tendencia que ya defendía Lenin en los primeros años de la revolución: el uso del potencial técnico de los especialistas burgueses para formar a los propios integrantes de la clase trabajadora, para que sean los propios obreros quienes puedan dirigir política y económicamente la sociedad.
Como cualquier elaboración táctica comunista, esta estará en continua construcción y mejora. Sirvan estas notas realizadas desde la reflexión de un militante comunista para contribuir a la capacidad de nuestra clase desde una perspectiva revolucionaria, capacidad que nos permita utilizar nuestros conocimientos concretos en la construcción de una alternativa política revolucionaria para nuestra clase.
- Testimonio de Paz Azzati, recogido en la inmensa obra de Fernando Hernandez Holgado, Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas: de la República al franquismo. (Madrid: Marcial Pons, 2003) ↩︎
- Respecto a la célula de abogados comunistas del PCE durante el franquismo, son interesantes de leer los artículos de Juan José del Águila Torres, “Voceros de la libertad” y “parteros del franquismo”: los abogados comunistas de Madrid en el final del franquismo, y de María Luisa Roldan, El Colegio de Abogados de Madrid: la oposición franquista. Los abogados del PCE. 1950-1977 ↩︎
