Después de dejarlo abandonado en un cajón durante meses, y sin que, ni entonces, ni durante su letargo, despertase grandes pasiones a nadie, el Gobierno decidió recientemente que había llegado la hora de desempolvar el famoso Decreto antidesahucios. Este regreso súbito a la llamada “Legislatura de la Vivienda”– hoy el título es una broma de mal gusto- responde a que, de entre los 24.000 desahucios anuales de nuestro Estado, uno ha destacado especialmente en la prensa justo a las puertas del próximo ciclo electoral. Por lo tanto, la primera pregunta que cabe hacerse es ¿habría recordado alguien, quien fuera, en el Gobierno, que esta era la Legislatura de la Vivienda de no ser por Maricarmen?

¿Qué es el decreto antidesahucios?

Dejando a un lado la respuesta evidente, conviene detenerse a ver cuál es la vieja nueva promesa que trae bajo el brazo el Gobierno. Esta propuesta de lanzar un Decreto antidesahucios parte del reconocimiento tácito de que la Ley por el Derecho a la Vivienda no fue capaz, en lo más mínimo, de resolver uno de los grandes problemas actuales en nuestro Estado. La Coalición de la Ironía se lanza, entonces, a atajar el problema que creían que ya habían atajado hace más de un año: los alquileres y los precios de la vivienda suben, los desahucios siguen produciéndose, y el acceso a la vivienda se vuelve imposible. Frente a esto, los nuevos Decretos gemelos prometen establecer aún más medidas para parar los desahucios; como bien sabemos, prometer es gratis.

Conviene comenzar recordando que varias de las medidas, como la moratoria antidesahucios, tienen un carácter temporal. Ocurre lo mismo con la prórroga de los contratos de alquiler, que destierra la reclamación de contratos de alquiler indefinidos. Estas medidas temporales servirán, si acaso, para salvar el tipo al Gobierno, y para postergar la solución del problema; ganando tiempo para seguir lucrándose a nuestra costa.

La nueva propuesta, además,no se sacude de encima la influencia de Junts. Y los partidos a la izquierda del PSOE, sin embargo, parece que hacen suyas las medidas que plantea la derecha catalana. Si tanto Junts como la izquierda han dado por chivo expiatorio a los fondos buitre, Junts propone toda una serie de medidas para ayudar y favorecer a quienes siguen acaparando la mayoría de las viviendas en España, los pequeños propietarios. Uno de los puntos de debate sobre el contenido de los Reales Decretos es, precisamente, si se va a dar manga ancha a los pequeños propietarios para desahuciar a quien sea, sin atender a situaciones de vulnerabilidad o ausencia de alternativas habitacionales. Junto con esto, no se extingue la cantinela de “estar al corriente de pago”, la que nunca ha dejado de ser la excusa de oro para expulsar sin miramientos. En cuanto a los grandes propietarios,dos medidas se destacan especialmente: por una parte, la suspensión de los desahucios sería de menor duración y revisable cada doce meses; por otra, la definición de lo que es un “fondo buitre” se asocia a una forma concreta de comprar vivienda, por debajo del precio de mercado o en busca de un lucro inmediato, lo que se pretende prohibir, y solo temporalmente. De esta forma, las medidas de los dos decretos no llegarán a atacar a los grandes propietarios, que podrán seguir acumulando viviendas y lucros si siguen unas reglas evidentemente bastante laxas.

Son escasas las propuestas de carácter permanente en el primero de los decretos. Por una parte, se pretende tocar el alquiler por habitaciones y que esté regulado a través de la LAU. Por otra parte, también el alquiler de temporada quedará sujeto a las mismas regulaciones que el de vivienda habitual, correspondiendo la justificación de la temporalidad del alquiler al propietario. Como victoria simbólica viste mucho, quién lo duda, pero ya sabemos cómo funcionan las regulaciones en torno al alquiler de vivienda habitual: simplemente no lo hacen. Cuando se vinculan las medidas a competencias autonómicas, como con la declaración de zonas tensionadas, simplemente se pretende dar un patadón para delante y pretender que la culpa de que no se apliquen es de otros. Sin embargo, este tipo de decisiones solo prueban la incapacidad- y por tanto la culpa- del Gobierno central.

Por si no fuera suficiente con esta tibieza, es de señalar que el Consejo de Ministros ha aprobado separar en dos el Real Decreto inicial. Así, a la hora de la verdad, se puede tirar a la basura la parte más “avanzada” de las propuestas y presentar el hecho, a pesar de todo, como una victoria. El segundo Real Decreto será el que contenga la prórroga automática de los alquileres que supondría un acercamiento a la idea de un contrato de alquiler indefinido. Sin entrar a valorar la escasa sorpresa que produce el que esta medida no sea apoyada por una mayoría parlamentaria con el actual reparto entre derecha y oportunismo, sí mueve a risa pensar que, ni dando por muerto antes de nacer el Real Decreto se haya conseguido salir del Consejo de Ministros con una propuesta ambiciosa de verdad; una que al menos permitiese decir que se marca la diferencia. ¡Para esto está la “izquierda” en el Consejo de Ministros! ¡Para que hasta lo que se rechaza por excesivo sea una propuesta redactada por el PSOE!

Así, la izquierda parlamentaria traiciona de nuevo a su clase, acepta el papel de palanganera de los pequeños propietarios, y convierte su discurso, progresivamente, en el del Estado providencialista. Los términos del acuerdo que planteaba Junts ya han sido ensayados discursivamente, en su versión más simplista, por el Gobierno de coalición. La pasada semana ya se había propuesto comprar en particular la vivienda de Maricarmen o expropiarla- porque estos son los sectores estratégicos que hay que expropiar por el bien común-, y a nadie le había parecido mal, por lo visto . Aceptado el ensayo, queda ver la obra a gran escala. Ahora, el Estado se hará cargo de pagar los alquileres de los inquilinos vulnerables a los pequeños propietarios; y se hará cargo igualmente de ejecutar los desahucios cuando se canse de pagar. Pero ante esta nueva propuesta que regala a los propietarios un dinero que sale del trabajo de nuestra clase, para esquivar el problema de la propiedad, surgen varias preguntas: ¿Cuántos alquileres puede pagar a la vez el Estado? ¿De dónde sacará el dinero para hacerlo? ¿Con qué diligencia ejecutará los desahucios en nombre de la estabilidad presupuestaria?

Esta propuesta evidencia una nueva claudicación de la izquierda institucional, extinguiendo las ya escasas posiciones propias de la misma. Frente a las exigencias de Junts y de los sectores que blindan a los caseros, Sumar y sus aliadas han vuelto a plegarse, disfrazando una prórroga precaria y un puñado de subsidios de supuesta «conquista social». Buscan salvar el tipo ante sus votantes y capitalizar la indignación tras el desahucio de Maricarmen, pero, con sus decisiones, nos dejan a las trabajadoras a los pies de los rentistas; el sacrificio necesario para mantener su irrenunciable posición de gestión del Estado. Los decretos mantienen vías por las que trampear con el alquiler de temporada y renuncian a intervenir de manera efectiva los precios. Además, desvían el dinero de todas para blindar las ganancias de los propietarios, con bonificaciones fiscales y ayudas a la compra de vivienda que no tocan el origen del problema, la propiedad y, por ende, la transferencia de riquezas que se produce por estas vías en favor de los propietarios. Con estas medidas, las izquierdas institucionales actúan como las mejores aliadas de nuestra precariedad. Las prisas por posar como nuestras salvadoras en vísperas electorales sólo retratan su profunda sumisión a los intereses del capital. Pero ya se sabe que quien para mear tiene prisa, termina por mearse la camisa.

¿Han servido este tipo de decretos antes?

Desde el movimiento por la vivienda hemos tenido que convivir con la providencial gracia de la moratoria antidesahucios. Esta medida, primero promulgada para proteger a las afectadas de la COVID 19 y posteriormente por las consecuencias de la guerra en Ucrania a parte de tener patas muy cortas no sirvió para mucho más que apaciguar la conciencia de quienes la promovieron. Mientras la moratoria seguía vigente, hasta el 26 de febrero de este año, en el Estado español se produjeron, según el CGPJ, en torno a 194.000 desahucios, esos son casi 89 desahucios por día. ¡Aún habrá quien diga que hay desahucios justificados y que la moratoria no debe aplicarse a todo el mundo! Y bien retratado quedará aquel dirigente de la socialdemocracia que haga estas declaraciones. No negamos que es un alivio para las familias que pudieron buscar soluciones mientras se les aplicaba la moratoria. Nuestra crítica pretende atravesar la densa niebla que nos lanzan desde la izquierda institucional: ninguna trabajadora debe temer a sufrir un desahucio. En un sistema en el que la vivienda es un bien de mercado, ninguna medida parlamentaria será más fuerte que los intereses del capitalismo; más si cabe cuando el partido mayoritario de la banda del parlamento no tuvo problemas en afirmar esto explícitamente.

Por si fuera poco, los desahucios que habían sido aplazados acogiéndose a esta medida, unos 70.000, se vieron reactivados tras la derogación de la misma. Es decir, no solo se ejecutaron el 76% de los desahucios sino que los que habían sido paralizados se ejecutarán, si no se ha hecho ya, en el curso de los meses venideros. ¿Acaso podemos encontrar una mejor ejemplificación de barrer la mierda debajo de la alfombra?

Mejoras inmediatas versus problemáticas reales

Ante la innegable situación de crisis habitacional, la izquierda parlamentaria ha optado por emplear el dinero público para “aliviar” la presión sobre la clase trabajadora. Además, ha diseñado mecanismos, siempre interpretables a favor de la propiedad, que dificultarían la ejecución de los desahucios. En ambos casos, la socialdemocracia trata de alimentarnos a base de migas. Es evidente que, frente a la inacción total, estas tibias posiciones pueden incluso ser respaldadas. Pero debemos profundizar en el problema, pues aunque ellas tratan discursivamente la cuestión, se les acaba la tinta a la hora de explicar cómo llevarán a cabo estas revolucionarias reformas.

Está claro que, si nos estamos ahogando, nos agarraremos a cualquier corcho que nos lancen, pero ¿por qué nos estamos ahogando? La especulación, en este caso sobre la vivienda, es uno de los mecanismos por los que el capital se amplía y busca beneficios. Esta especulación, que beneficia a la burguesía, la sufre la clase trabajadora. Para enfrentar esta situación se puede optar por modificar en parte el origen de los beneficios económicos o abolir esta necesidad de expansión continua del capitalismo. Mientras la propuesta sea la primera, el sistema encontrará la forma de extender sus tentáculos a las áreas económicamente más rentables. ​Al suspender los desahucios sin perdonar las deudas ni bajar los alquileres, el Gobierno asumió el coste político de frenar las protestas para que los fondos y los caseros no tuvieran que asumir pérdidas durante la crisis.

Se podrán contener, en algunos casos, los efectos más escandalosos del modelo capitalista, pero el monstruo seguirá creciendo y alimentándose de nuestra vida. Nos ahogamos precisamente porque quienes llevan años diciendo que dejarán de alimentar a la bestia se lucran de la misma y nos arrojan sus excrementos.

La vivienda y la vida; más allá de la legalidad burguesa

Nos encontramos ante un momento en el que la opinión pública se dirige hacia la cuestión de la vivienda. Muchas voces que hasta ahora eran indiferentes se han posicionado a causa de este desahucio. No obstante, podemos ver posiciones que quieren jugar a un juego con las reglas de otro. La cuestión de la vivienda, como cualquier cuestión que involucre el sistema mercantil, no puede analizarse desde un plano moral; al menos no enteramente. La vivienda, como bien de primera necesidad que es, es un objetivo de inversión seguro para quienes especulan y quieren ampliar sus ganancias. La forma en la que el sistema se reproduce funciona al margen de las nociones de bien y mal que el propio sistema burgués promueve.

En este sentido, cabe señalar la inutilidad de los bonos de vivienda en cuanto a la problemática de la carestía de la vida de la clase trabajadora. Este dinero, extraído de los fondos públicos, que a su vez se compone de la contribución de la clase trabajadora a través de los impuestos, acaba en el bolsillo de los rentistas. De esta manera, incorporamos una tercera vía de usurpación a la economía de la clase trabajadora: la destinación de dinero público a intereses privados.

No obstante, es importante entender cómo precisamente esto limita la acción por la vivienda desde el marco institucional capitalista. Las propias leyes burguesas por un lado aseguran la persistencia de la propiedad privada, reprimiendo a quienes la cuestionan y se organizan contra ella, y por otro lado infla las cajas de los capitalistas que se regocijan al encontrar nuevas vías de chupar de la clase trabajadora.

¿Movimientos antiokupa como pantalla de humo?

Para redondear el engaño y evitar que dirijamos la mirada hacia las verdaderas cúspides del poder financiero, la opinión pública ha sido convenientemente intoxicada con el fantasma de la okupación: proliferan en los platós y en las tertulias empresas y escuadras «antiokupa» que hacen un lucrativo negocio del pánico ajeno, señalando con el dedo al eslabón más débil y canalizando la angustia de las clases medias hacia falsos culpables. Estas brigadas «antiokupa» se han convertido en uno de los estandartes de la reacción, gracias a la complicidad de la opinión pública, el encendido de un interesado alarmismo social y la necesaria permisividad y eventual compadreo con la policía.

Mientras estos mercenarios del miedo engordan sus cuentas bancarias y los grandes tenedores continúan acaparando manzanas enteras desde lujosos despachos, la violencia real sigue llevando uniforme oficial. Ayer mismo, ajena a los titulares sensacionalistas y a las cámaras de televisión, la policía dejaba en la calle a Mari Carmen y sus pocas pertenencias, consumando el desahucio de una vecina que ya no podía sostener la renta. Ese, y ningún otro, es el verdadero rostro de un sistema que aplaude remiendos cosméticos mientras la vivienda sigue tratándose como un instrumento de especulación implacable y no como el derecho elemental a tener un refugio en el mundo. 

Ver más allá del momento actual

Frente a esta encrucijada, la tarea política no puede consistir en ser el altavoz acrítico de una estrategia institucional ni el desgastarnos en el frenetismo de acciones reactivas diseñadas para alimentar el círculo mediático.

Debemos ser conscientes de que la vivienda no es un frente aislado ni un conflicto entre inquilinos y propietarios, sino una consecuencia directa de la reproducción de la fuerza de trabajo. La lucha por un techo no puede entenderse al margen de la lucha por el salario. De nada sirve plantear topes parciales del alquiler o subidas testimoniales del SMI si se mantiene intacta la estructura que sostiene el sistema capitalista en su conjunto.

Nuestra intervención debe servir para señalar las distintas corrientes que tratan de apaciguar la organización independiente, sea desde el Gobierno, sea desde sus satélites o sea desde la calle. Debemos señalar que quienes pretenden que los dos Reales Decretos por sí mismos solucionan algo contribuyen a agravar el problema. Quienes consideran que ya hemos ganado incluso sin saber el alcance de los Decretos, pero también quienes se agarran a los más insulsos parches del Gobierno y se posicionan en todo tipo de cuestiones sociales menos en las que les deberían interpelar de manera más directa contribuyen a frenar la organización de clase y favorecen el retroceso de derechos.

Nuestra intervención pasa por interpelar y disputar a las bases de los sindicatos de clase, señalando la complicidad de las cúpulas de los sindicatos mayoritarios en el sostenimiento de la paz con el gobierno de coalición para articular una fuerza material real. Esta es una de las cuestiones más evidentes. La paz social debe terminar, porque la lucha por la vivienda no se puede resolver sin tocar el problema de la carestía de la vida. La lucha por el salario incide directamente en la situación de la vivienda. Para que la lucha por la vivienda no se agote con la firma en falso de un Real Decreto, se debe vincular con el avance hacia la organización obrera en los centros de trabajo y hacia la huelga general. Las movilizaciones convocadas a lo largo de esta semana deben tener esta reclamación como horizonte. La toma de posición en torno al avance hacia la huelga general será la prueba del algodón entre las que se quedan atrás y se conforman con los parches y reformas y las que entienden el alcance real del problema de la vivienda. Ahí ya no valdrán las palestras y los photocalls de campaña en los que determinados líderes sindicales se sienten tan cómodos. Debemos garantizar la independencia política frente al oportunismo institucional y apostar por la descentralización y la articulación territorial autónoma frente a la hipervisibilidad de las grandes capitales. De nada sirve tomar Sol si no se acompaña ese acto tan vistoso con el trabajo cotidiano en cada barrio. De nada sirve ganar Madrid y perder el resto del territorio exportando mecánicamente sus recetas. Nuestra prioridad está en coordinar asambleas de barrio, centros sociales y en definitiva, construir una red de autodefensa material. Es así como conseguiremos transformar nuestra rabia individual ante casos como el de Maricarmen en una fuerza colectiva con la capacidad de romper con la inercia y desbordar el sistema.