El Hub de Defensa de Aragón: anatomía de la militarización económica en tiempos de rearme europeo

La ministra de defensa en la presentación del Hub de defensa de Aragón

El Hub de Defensa de Aragón: anatomía de la militarización económica en tiempos de rearme europeo

9 de marzo de 2026

Bajo las premisas de «innovación» y «empleo de calidad», se presentaba recientemente el HUB de Defensa de Aragón. Un proyecto que evidencia cómo el Estado español, en sintonía con las directrices de la OTAN y la Unión Europea, consolida la subordinación de la economía aragonesa a los intereses del complejo militar-industrial.

Este evento, con presencia de la ministra de Defensa, el presidente autonómico y la alcaldesa de Zaragoza, no fue un acto técnico, sino una declaración de intenciones institucional. El hecho de que el anuncio se escenificará con el respaldo simultáneo de administraciones de todo color político apunta a un consenso de fondo: cuando se trata de defensa, la discusión suele moverse más en el «cómo» que en el «para qué».

Esta alianza institucional no es casual. Reproduce a escala local la lógica del capitalismo monopolista de Estado: el sector público organiza el marco, pone recursos, reduce riesgos y ofrece demanda sostenida; el sector privado, desde las grandes contratistas hasta pymes y otras empresas satélite dependientes.

Como declaró la MInistra de Defensa Margarita Robles en el acto, «no se puede entender Aragón sin las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Armadas sin Aragón»¹. Esta formulación, que naturaliza la militarización de nuestro territorio, evidencia cómo el Estado burgués, independientemente del color del gobierno de turno, actúa como gestor de los intereses del capital. La distinción entre «izquierda» y «derecha» se diluye cuando de lo que se trata es de canalizar fondos públicos hacia la industria de la guerra.

Las cifras concretas del proyecto confirman esta naturaleza. Más allá de la retórica oficial, los números despejan cualquier duda sobre su verdadera función. El Ministerio de Defensa ha comprometido una inversión de 42 millones de euros para la puesta en marcha del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea del Ejército del Aire (CIEMA)² en el aeropuerto de Teruel. A esta cantidad, debemos sumar otros 43.5 millones de euros destinados a proyectos de drones para vuelos estratosféricos.³

La Ministra Robles, «absolutamente impresionada» tras su visita a la plataforma aeroportuaria turolense, subrayó que estas infraestructuras servirán para «reforzar la instrucción y el adiestramiento de las unidades de transporte y de apoyo al despliegue aéreo, tanto nacionales como de otros países»⁴, en referencia explícita a los aliados de la Unión Europea y la OTAN. El CIEMA no es, pues, una instalación orientada a la defensa del territorio español, sino una pieza del dispositivo militar de la Alianza Atlántica.

De vuelta al caso aragonés, las más de cien empresas integradas en el Hub⁵ se presentan bajo la fachada de la «innovación», pero su función real en la cadena productiva es la de proveedoras subordinadas de los grandes monopolios del sector: Airbus, Indra, Navantia o General Dynamics, entre otros. En España, estas tres grandes firmas concentran la mayor parte de los contratos estratégicos del Ministerio de Defensa y actúan como principales contratistas, siendo el propio Estado español propietario o socio de referencia de todas ellas.

Esta estructura reproduce, a escala regional, el patrón típico de las economías dependientes: un tejido de pequeñas y medianas empresas que funcionan como subcontratas de grandes corporaciones transnacionales, asumiendo los riesgos y la precariedad mientras el grueso de los beneficios fluye hacia los monopolios. Los puestos de trabajo prometidos —los 350 del CIEMA, por ejemplo— quedan así sujetos a la volatilidad de los contratos públicos y a los ciclos del gasto militar.

Desde una perspectiva de clase, esta configuración perpetúa la dependencia del proletariado respecto al Estado burgués, que compra la fuerza de trabajo para mantener su aparato militar. Los trabajadores aragoneses que se incorporen a estas empresas verán su sustento atado a las decisiones de gasto de la OTAN, a las tensiones imperialistas y a la rentabilidad de corporaciones cuyos centros de decisión se encuentran fuera de nuestras fronteras. No es empleo soberano ni estable: es empleo funcional a la guerra.

El rearme europeo: la coyuntura

Para comprender esta dinámica local debemos situarla en su contexto europeo, más amplio. La guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022, aceleró una tendencia que ya estaba en marcha y sirvió como catalizador de las pulsiones belicistas de las burguesías de nuestro continente. A ello se suma la creciente desconfianza hacia Estados Unidos, acentuada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las tensiones comerciales transatlánticas y la pérdida de peso relativo de Europa en la economía y la política mundiales frente al ascenso de China.

En 2024, el gasto militar agregado de los países europeos de la OTAN⁶ alcanzó la cifra de 453.421 millones de dólares, situándose como el segundo mayor del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y muy por encima del de Rusia. La media del gasto militar de estos países representó el 2,02% del PIB, pero figuras como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, exigen elevarlo al 5%, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntó por elevarlo al 3,5%. El Hub de Defensa de Aragón es una manifestación local de esta tendencia continental.

Este patrón de militarización territorial no es exclusivo de Aragón, ni siquiera de España. En Alemania, por ejemplo, se ha informado de planes para reconvertir plantas vinculadas al sector de automoción⁷ hacia producción de armamento y munición, precisamente en un contexto de crisis industrial civil y auge del gasto en defensa.

El mensaje de fondo es inquietante: si la automoción ya no garantiza empleo y exportaciones, la defensa puede ocupar ese lugar; y si el mercado civil se estrecha, el Estado-Cliente aparece como salvador y dinamizador de la economía..

Esa misma dinámica se ve en acuerdos laborales y de movilidad de plantilla entre empresas de automoción y grandes actores de defensa, presentados como soluciones pragmáticas para evitar despidos y cierres⁸.

El discurso oficialista presenta el rearme europeo como una apuesta por la «autonomía estratégica» frente a la dependencia de Estados Unidos. Sin embargo, esta narrativa encubre una realidad más compleja. Como señala un informe del Centre Delàs⁹, actualmente el 65% de las armas que adquiere la Unión Europea provienen de la industria militar estadounidense, y el objetivo de la Comisión Europea de que el 50% del material militar se produzca dentro del bloque responde tanto a intereses de seguridad como a la presión de las industrias armamentísticas europeas por captar una mayor cuota del mercado.

La «autonomía estratégica europea» no es, pues, un proyecto de emancipación, sino una estrategia para que las burguesías del centro imperialista sostengan sus beneficios en un contexto de competencia creciente con Estados Unidos y China. El Hub de Defensa de Aragón, insertado en esta lógica, no fabrica armas para “mantener la paz”, sino para los intereses del capital

España: del “compromiso” de 2029 al cumplimiento en 2025

España no ha quedado al margen de esta espiral militarista. Según datos de la patronal del sector (Tedae), la facturación de la industria armamentística¹⁰ alcanzó en 2024 los 16.153 millones de euros, un 16,2% más que el año anterior. La contribución del sector al PIB español fue de 21.919 millones de euros (el 1,27%) mientras que las exportaciones rozaron los 10.000 millones de euros.

Nuestro gobierno de coalición, que comprometió alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2029, adelantó inesperadamente este objetivo. El 22 de abril de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un incremento de 10.471 millones de euros a través del denominado «Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa», elevando el gasto militar total a 33.123 millones de euros, lo que permite cumplir ya este año con el objetivo del 2% exigido por la OTAN.¹¹

Sin embargo, este cálculo oficial sigue dejando fuera partidas de carácter militar repartidas en otros ministerios. Aplicando algunos criterios de cálculo más rigurosos, el gasto militar real¹² del Estado español para 2025 alcanzaría los 40.457 millones de euros, representando el 2,48% del PIB. Igualmente, las perspectivas apuntan a un incremento continuado: los Programas Especiales de Modernización de armamento actualmente vigentes suman 53.415 millones de euros en compromisos de pago para la próxima década, lo que hará que «con seguridad, el gasto militar español se acerque al 3% del PIB», según el Centro Delàs de Estudios por la Paz.

El consenso transversal de la militarización

Frente a estas cifras, resulta reveladora la posición de las fuerzas políticas españolas. Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la posición del PSOE y de Sumar. Margarita Robles, ministra de Defensa del Gobierno socialista, no solo avala el Hub de Defensa, sino que lo presenta como una contribución a «la paz», en un extraño oxímoron . Su presencia en la inauguración junto a dirigentes del PP evidencia el consenso transversal de la clase política española en torno a la militarización.

El PSOE de Aragón, por su parte, ha planteado críticas menores respecto a la «falta de concreción» o la lentitud de los avances¹³, pero en ningún caso ha rechazado el sentido del Hub como política, intentando afear la gestión del PP pero compartiendo los mismos objetivos estratégicos.

Sumar, la coalición a la izquierda del PSOE, tampoco escapa a esta lógica. Aunque ha solicitado que los incrementos del gasto militar se debatan «con luz y taquígrafos»¹⁴ en el Congreso y ha acordado rechazar elevar el gasto más allá del 2% del PIB, sus críticas se limitan al procedimiento, no al fondo. No cuestiona la pertenencia a la OTAN ni la orientación general de la política de defensa, confirmando que el reformismo no se opone al capital, sino que aspira a gestionarlo de forma más presentable.

En un contexto marcado por la crisis de vivienda, la precariedad laboral y el desempleo juvenil, la asignación de miles de millones a infraestructuras militares revela las prioridades del Estado burgués.

El caso alemán ilustra esta contradicción con particular crudeza. El nuevo Gobierno de Friedrich Merz ha anunciado recortes en el Estado de bienestar y las pensiones mientras planea elevar el gasto militar del 2% al 3,5% del PIB para 2029, un aumento de 65.000 millones de euros anuales.

Una alternativa para la clase trabajadora

El Hub de Defensa de Aragón simboliza la madurez del capitalismo militarizado en España y el fracaso de la política socialdemócrata para ofrecer una alternativa. PSOE, PP, Sumar y el resto de fuerzas del arco parlamentario comparten, con matices retóricos, el consenso belicista que subordina la economía y nuestro territorio a las necesidades del complejo militar-industrial.

Desde una perspectiva de clase, la militarización de Aragón no representa una oportunidad de desarrollo, sino una nueva forma de dependencia. Los puestos de trabajo prometidos quedan sujetos a los ciclos del gasto militar y a decisiones que se toman en Bruselas, Washington o los consejos de administración de las grandes corporaciones. La reconversión productiva hacia la industria de guerra implica, además, renunciar a modelos de desarrollo orientados a satisfacer las necesidades sociales: vivienda, sanidad, educación, transporte.

La única alternativa real para la clase trabajadora aragonesa y española pasa por cuestionar la pertenencia a la OTAN y a una Unión Europea que prioriza el rearme sobre el bienestar social, construyendo espacios de contrapoder obrero que rompan con la lógica del capital y la escalada militarista.

La construcción de estos espacios no es una consigna abstracta: significa crear estructuras organizativas propias de la clase trabajadora (asambleas en centros de trabajo, coordinadoras de barrio, redes de solidaridad) que nos permitan disputar el control de la economía. Estos espacios deben tener la capacidad de cuestionar no solo qué se produce, sino para qué se produce: frente a la subordinación socialdemócrata que presenta la militarización como «innovación» y «empleo de calidad», este contrapoder debe plantear alternativas concretas que prioricen las necesidades de nuestra clase sobre los beneficios del complejo militar-industrial.

El Hub de Defensa de Aragón no es ni innovación ni empleo: es la vieja historia del capitalismo disfrazada con retórica tecnológica. Y frente a esa historia, sólo cabe una respuesta: la organización independiente de la clase trabajadora.