Como cada mes de junio, cientos de miles de estudiantes enfrentan su futuro ante un examen definitivo del que llevan oyendo hablar durante toda su etapa educativa: La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), anteriormente EBAU, o, sencillamente selectividad.

Pese al baile de siglas relacionadas con las distintas leyes educativas que ha habido en la España post-1978 (LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y LOMLOE) ninguna de ellas ha planteado ninguna modificación sustancial ante aquel examen de acceso a la universidad que instauró el régimen franquista con la intención y consecuencia de una segregación y expulsión de la clase trabajadora de los estudios superiores. En síntesis, un mecanismo de reproducción de clase.

Desde la Ley de Educación de 1970 instaurada por los últimos gobiernos de Franco para ordenar el acceso a la universidad; hemos heredado una figura trascendental que, bajo el sacrosanto disfraz de la meritocracia, se ha convertido en un mecanismo de selección social perfectamente atado que separa el futuro de los jóvenes dependiendo de su origen, posibilidad de inversión económica y disponibilidad temporal.

En una coyuntura como la actual, de auge reaccionario, mayor incidencia que nunca de problemas de salud mental, y un capital que pretende aumentar sus beneficios con un mayor disciplinamiento del proletariado y, especialmente, la juventud de extracción obrera; debemos reclamar más que nunca el fin de tal arcaico mecanismo de expulsión de la clase del que pudiera ser su futuro.

Contra la meritocracia

El paradigma liberal que impera en nuestro pensamiento social justifica la selectividad como un proceso justo e incluso democrático en el que los jóvenes sellan su futuro a través del reputado mérito del estudio memorístico y la calificación numérica.

No obstante, detrás de esta retórica se esconde un proceso mucho más sutil, pues el mérito nunca podrá ser tal cuando la posición de partida y las condiciones materiales son tan dispares. El supuesto proceso ciego, sin más identidad que la pegatina que enumera tu prueba, se encuentra profundamente sesgado.

En primer lugar, y como más evidente, la clase trabajadora no compite en igualdad de condiciones por sus propias necesidades; diferentes a la de un estudiante de extracción burguesa. ¿Quién no conoce a alguien que haya hecho la selectividad compartiendo habitación de estudio con sus otros hermanos y teniendo simultáneamente que cuidar de sus familiares?

No imaginemos, pues, aquellos estudiantes que tienen que compatibilizar su formación con un trabajo que le permita vivir. El mérito no existe sin tiempo libre, recursos, apoyo familiar y estabilidad emocional; aspectos que las lógicas del capital alejan de una clase trabajadora cuya tasa de ingreso es la mitad respecto a las rentas más elevadas.

Más allá de esto, también existe una segunda segregación, y es que los centros de estudio del bachillerato no reciben la misma financiación ni disponen de los mismos recursos. La segregación territorial y geográfica incide en unos jóvenes de clase obrera cuyas aulas tienen mayores ratios, mayor rotación docente, menor orientación y, además, no disponen de los recursos suficientes para poder compensar esto acudiendo a clases complementarias con precios disparados.

Esta caracterización de las diferencias dentro de la enseñanza pública se acentúa en sobremedida en la enseñanza privada y concertada, donde los estudiantes de extracción burguesa reciben programas ad hoc, preparación específica y menor control y homogeneización en los criterios que, supuestamente, articulan la igualdad de la barrera.

Pero desmontar la retórica del mérito no basta: hay que mirar qué función cumple realmente este examen dentro del sistema educativo.

La funcionalidad para el sistema

La cuestión que realmente reside tras la imposición de la selectividad desde 1970 es poner una barrera de entrada que permita de manera inequívoca la reproducción de las clases sociales.

Esto es, los sesgos destacados anteriormente parten de una diferenciación fundamental de clase en cuanto a su posibilidad de acceso, en general, al ámbito universitario y, aún en mayor medida, a determinadas carreras y empleos que quedan reservados por la burguesía para la burguesía. Las carreras con mayor nota de corte y, posteriormente, la presión académica de ciertas carreras que llevan a puestos de alta dirección o estatus social hacen que estas se reserven a aquellos ciudadanos con mayor disponibilidad temporal.

Los estudiantes de extracción obrera que no logren entrar en el selecto grupo de afortunados que alcanzan sus expectativas, se verán abocados o bien a profesiones menos relevantes para la gestión del capital o a una Formación Profesional, dirigida a posiciones técnicas y manuales con peores condiciones perpetuando la división social del trabajo. Mientras, en cambio, los estudiantes de extracción burguesa seguirán teniendo un salvoconducto para mantener su posición de gestores del capital: la universidad privada.

Para acceder a la universidad privada, con sus conocidos contactos entre burgueses y el poder y su ambiente elitista, la selectividad no es el mismo tormento que ronda a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad cada inicio de junio. En los títulos propios, ni se exige; y, en los oficiales, se convierte en «cuota de corte»: basta con pagar la cuantiosa matrícula y estás dentro.

Podrán acceder, pues, previo pago, a aquellas carreras que se le niegan a los estudiantes de clase trabajadora sin que medie necesidad de mérito alguno. Grados universitarios a los que, claro está, no tendrá acceso ningún proletario.

Sin embargo, la segregación de clase no se queda únicamente en este punto, sino que el dispositivo ideológico es tal que hace que aquel miembro de la clase trabajadora que acceda a estos desarrolle y asuma como propio el mismo ideal de esfuerzo, mérito y estatus que la burguesía se ha encargado de irradiar.

El dominio del discurso hegemónico que nos presenta la desigualdad como un resultado individual, es tal que resulta funcional a las universidades públicas (y sus respectivos gobiernos autonómicos de los que dependen) para llevar a cabo los recortes que acechan en estos centros. Esto se ha visto especialmente en Madrid, desde que Ayuso anunciase la posteriormente retirada LESUC a cambio de la claudicación de los rectores aceptando profundos ajustes presupuestarios.

Así, las requeridas bajadas de ofertas de plazas en los grados seleccionados a dedo por los rectores se ven socialmente como una subida o mantenimiento de la nota corte; una señal de prestigio para la universidad en cuestión a la que todo estudiante desea entrar.

En definitiva, desarrollando toda la silenciada problemática de la selectividad llegamos ineludiblemente a su carácter funcional para el sistema capitalista. La selectividad no es más que una expresión de la división social del trabajo y de la mercantilización de la enseñanza, que empeora las condiciones de una clase trabajadora sometida a las barreras y métodos burgueses de selección de futuros trabajadores para las necesidades que el capital detecta.

Por ello, llamamos a denunciar a la selectividad como prueba segregadora. Porque no evalúa de forma neutral al conjunto del estudiantado, sino que convierte las desigualdades materiales de la juventud trabajadora en fracasos individuales, en falta de méritos, legitimando así su expulsión de la universidad. Porque queremos una educación a la altura de nuestra clase, abolamos su meritocracia, abolamos la selectividad.