Andalucía como laboratorio político

Hace ya más de siete años desde que Vox irrumpió por primera vez en un parlamento autonómico. No fue en Madrid ni en Castilla y León. Fue en Andalucía. Aquella noche de diciembre de 2018 no solo terminó la hegemonía histórica del PSOE-A; también comenzó la lenta descomposición del ciclo político abierto tras la crisis de 2008 y el 15M. Mientras Susana Díaz comparecía intentando maquillar el derrumbe del llamado “régimen andaluz”, la izquierda parlamentaria respondía apelando a la “alerta antifascista” como último pegamento electoral capaz de mantener unido un espacio político en creciente fragmentación.

Desde entonces, Andalucía ha funcionado como laboratorio adelantado de la nueva normalidad política española: normalización institucional de la extrema derecha, crisis de la izquierda surgida del 15M ya plenamente integrada en las instituciones y agotamiento del ciclo progresista. Aunque el modelo andaluz difícilmente puede exportarse mecánicamente a otros territorios —donde el PP adopta formas mucho más agresivas y abiertamente reaccionarias—, sí anticipó una tendencia general: la consolidación de mayorías conservadoras favorecidas por la descomposición de sus alternativas parlamentarias.

El agotamiento del régimen andaluz

Durante casi cuatro décadas, el PSOE-A convirtió Andalucía en uno de los principales pilares de estabilidad del régimen español. No se limitó a gobernar la Junta: articuló buena parte de la vida institucional, sindical y económica del territorio. Bajo el relato de la modernización y el autonomismo, presentó como progreso lo que en realidad fue la adaptación de Andalucía a la fase de terciarización de la economía española.

Esa modernización no rompió con la dependencia histórica del territorio; solo la actualizó. La pérdida de peso industrial, la centralidad del turismo, la expansión inmobiliaria, la agroindustria exportadora y los servicios sostenidos sobre fuerza de trabajo precarizada consolidaron a Andalucía como periferia funcional a la rentabilidad del capital. Tras la aparente estabilidad institucional seguían ahí el paro crónico, la temporalidad, la concentración de la tierra y la emigración juvenil.

La crisis de 2008 acabó con el equilibrio. El desempleo masivo, los desahucios y la pauperización acelerada destruyeron la legitimidad del régimen autonómico. Incapaz de ofrecer una salida material a la crisis, el PSOE comenzó a refugiarse en un discurso cada vez más tecnocrático y desideologizado.

El PSOE-A sustituyó cualquier referencia al conflicto social por una gramática de consultora: “modernización”, “competitividad”, “empleabilidad”, “innovación”, “eficiencia” o “buena gestión”. La explotación pasó a llamarse “flexibilidad”, el paro estructural “falta de empleabilidad”, la dependencia económica “atracción de oportunidades” y la vivienda “colaboración público-privada”.

No era solo una cuestión de estilo. Ese tecnocratismo funcionaba como propaganda: producía un sentido común en el que la precariedad, el turismo, la agroindustria intensiva y la extracción de rentas aparecían como el único horizonte posible. Bastaba con añadir un logo institucional, tres palabras en inglés y una foto de jóvenes sonrientes para que la miseria organizada pasara por innovación.

Del 15M a la ilusión del cambio

Fue en ese contexto donde surgió el nuevo ciclo político. La crisis de 2008 no solo destruyó empleo, vivienda y expectativas de futuro; también quebró buena parte del sentido común que había sostenido el ciclo anterior. El relato de la modernización autonómica, el crecimiento inmobiliario y la estabilidad institucional dejó de funcionar, para amplias capas de la clase, como promesa de progreso. El paro, los desahucios, la precariedad o la emigración dejaron de aparecer como fracasos individuales y comenzaron a reconocerse como expresiones de un problema político colectivo.

El 15M, las mareas, las plataformas antidesahucios, las movilizaciones estudiantiles y el movimiento jornalero parecían anunciar la posibilidad de una reorganización política y social del campo popular.  En Andalucía, esa expectativa encontraba un terreno propio: una memoria de conflictividad vinculada al campo, al sindicalismo combativo, a las marchas obreras, a la lucha por la vivienda y a una pobreza estructural que el autonomismo socialista nunca logró revertir. Durante unos años, la consigna “PSOE, PP, la misma mierda es” condensó esa ruptura de legitimidad: ambos partidos aparecían como gestores alternos de un mismo modelo económico y político.

Sin embargo, aquella posibilidad seguía encerrada mayoritariamente dentro de los márgenes de la democracia burguesa. El ciclo abierto por el 15M produjo una politización masiva, pero no una reactivación independiente de la clase trabajadora. Su horizonte principal no fue la construcción de herramientas con vocación de contrapoder, sino la regeneración democrática, la recuperación de las instituciones, la lucha contra la corrupción y la ampliación de derechos sociales mediante la vía electoral.

La crisis del bipartidismo generó un entusiasmo evidente. La aparición de Podemos, las confluencias municipales y la recomposición de Izquierda Unida parecían confirmar que el viejo tablero se venía abajo. Pero muchas veces se confundió la fragmentación del sistema de partidos con la construcción de poder político propio. El malestar social producido por la crisis fue rápidamente traducido al idioma de la representación institucional: candidaturas, campañas, pactos y esa curiosa fe en que un buen reparto de listas podía sustituir a la organización política de clase.

Podemos irrumpió prometiendo “asaltar los cielos”, mientras Izquierda Unida trataba de reciclarse tras años como socio menor del PSOE. Adelante Andalucía fue, en las autonómicas de 2018, el intento más ambicioso de traducir aquel malestar en clave andaluza. La confluencia reunió a Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, combinando el impulso post-15M con una lectura propia de la cuestión andaluza. Bajo el liderazgo de Teresa Rodríguez, pretendía unir soberanía, conflicto social y autonomía frente al marcaje madrileño.

Pero aquella confluencia nació con una contradicción difícil de resolver: quería construir una voz política andaluza, pero lo hacía mediante una coalición de aparatos ya integrados en la lógica institucional. Su novedad estaba en señalar la cuestión; su límite, en traducirla otra vez a las lógicas de representación. Quería abrir una vía andaluza de ruptura, pero arrastró los límites del ciclo que decía superar.

De tomar los cielos a gestionar la derrota

La historia de la izquierda andaluza posterior al 15M es, en gran medida, la historia de su integración institucional. Lo que nació como impugnación radical del régimen del 78 terminó convertido en un ecosistema de estructuras parlamentarias obsesionadas con garantizar su supervivencia electoral y financiera.

Las disputas entre Podemos, Izquierda Unida y Adelante Andalucía no fueron verdaderamente estratégicas. Bajo apelaciones grandilocuentes a la unidad, la discusión real giraba alrededor del reparto de posiciones institucionales, cuotas internas y capacidad de influencia en el gobierno central.

La fragmentación de la izquierda andaluza no expresa solo una mala unidad electoral, sino el agotamiento de un ciclo en el que, como clase, no tuvimos herramientas para elaborar un programa propio. El problema no es que falte una candidatura progresista mejor, sino que todas comparten el mismo límite: traducen el malestar social en representación parlamentaria sin construir organización independiente de clase.

Esto no significa que toda intervención en instituciones burguesas quede condenada mecánicamente a conservar siglas, cargos y financiación. La tradición comunista conoce formas de participación electoral subordinadas a una estrategia revolucionaria. Sin embargo, reconocer esa posibilidad histórica no implica ignorar las condiciones concretas de la coyuntura actual. En un momento de desorganización profunda de la clase trabajadora, debilidad del movimiento obrero, centralidad mediática de la política institucional y dependencia financiera de los aparatos respecto al Estado, la participación electoral es profundamente problemática.

No basta con afirmar en abstracto que puede usarse como tribuna si no existe una fuerza obrera independiente capaz de subordinarla a una estrategia propia. La cuestión es bajo qué correlación de fuerzas, con qué organización previa, con qué programa y al servicio de qué objetivos se interviene. Sin esa fuerza organizada, la presencia institucional tiende a convertirse en un fin en sí mismo: deja de ser tribuna auxiliar de la lucha de clases y pasa a ocupar el centro de la organización.

Esa es la deriva del progresismo andaluz. Sus aparatos no usan la institución como herramienta subordinada a la recomposición política de la clase trabajadora, sino como terreno principal de existencia. La competencia electoral, la negociación institucional, la visibilidad mediática, los recursos y la reproducción orgánica acaban marcando sus ritmos y prioridades. Así, la representación parlamentaria deja de ser instrumento subordinado a la lucha de clases y se convierte en su sustituto degradado.

La crisis de vivienda, la precariedad, el debilitamiento sindical o la sobreexplotación en los campos no encuentran en la izquierda parlamentaria una herramienta para organizar políticamente el antagonismo de clase, sino una traducción institucional empobrecida: denuncias retóricas, campañas y proposiciones sin capacidad de alterar la correlación de fuerzas. Ese antagonismo no se resuelve en las instituciones: puede expresarse parcialmente en ellas, pero solo se disputa realmente allí donde se produce la explotación y se reproduce cotidianamente la clase trabajadora.

El nuevo andalucismo y sus límites

La ruptura entre Teresa Rodríguez y Unidas Podemos expresó algo más profundo que un simple enfrentamiento personal: la tensión entre un proyecto estatal progresista y la aspiración de construir un espacio político propio en Andalucía.

El nuevo andalucismo intentó presentarse como alternativa al centralismo madrileño y a la subordinación histórica de Andalucía dentro del Estado español. Esa línea no ha desaparecido. Los resultados de Adelante Andalucía muestran que sigue existiendo una franja del electorado desencantada tanto del PSOE como de la izquierda estatal, sensible a una identidad andaluza popular y a la necesidad de una voz propia para Andalucía.

La campaña de José Ignacio García condensó esa apuesta: una “izquierda fresca, nueva, andalucista y feminista”, frente al voto útil y a la recomposición estatal de la izquierda alrededor de IU. El lema “Vota lo que sientes” expresaba bien esa apelación al orgullo andaluz y al rechazo de una política percibida como ajena o subordinada a Madrid.

Pero ahí aparece también su límite. Aunque Adelante señale contradicciones reales del modelo andaluz —vivienda, sanidad, educación, turistificación—, su impugnación sigue inscrita dentro de los márgenes de la democracia burguesa. La crítica al centralismo, al PP o al modelo turístico queda traducida a campaña, grupo parlamentario y disputa por representación. La soberanía andaluza aparece más como horizonte discursivo que como táctica efectiva de organización independiente de la clase trabajadora andaluza.

El “vota lo que sientes” ha conectado con un malestar real, como indican los resultados, pero sigue reduciendo ese malestar al acto individual del voto. Incluso cuando habla de pueblo andaluz, vivienda o dependencia económica, la práctica del nuevo andalucismo continúa organizada alrededor de los tiempos electorales y la obtención de posiciones institucionales.

La extrema derecha viene: vota y no preguntes

El antifascismo no nació como una estrategia de campaña. Durante buena parte del siglo XX fue una necesidad inmediata del movimiento comunista y del movimiento obrero organizado frente a una ofensiva directa contra sindicatos, partidos revolucionarios y cualquier estructura defensiva de la clase trabajadora.

Los comunistas italianos de los años veinte no combatieron al fascismo con apelaciones abstractas a la convivencia democrática. Lo hicieron interviniendo en la vida cotidiana de la clase trabajadora. El antifascismo era inseparable de la lucha de clases.

Muy distinto es el uso que hoy hace de él el progresismo institucional. Desde la irrupción de Vox, el antifascismo se ha convertido en la piedra angular de su cohesión electoral: el recurso que permite aplazar cualquier balance incómodo y volver a ordenar al electorado progresista bajo la amenaza del mal mayor. Cada convocatoria se presenta como la batalla definitiva contra la extrema derecha, mientras el “voto útil” opera como disciplina para un electorado progresista cada vez más cansado y desmovilizado.

No hace falta rascar demasiado para comprobar que este antifascismo no pretende organizar a la clase trabajadora en su forma transformadora ni combatir las condiciones materiales que alimentan el avance reaccionario. Su función es mucho más miserable: sermonear a un electorado desencantado para que vuelva a las urnas bajo la amenaza permanente del mal mayor.

La contradicción se vuelve obscena cuando muchas de las políticas que alimentan a la reacción son aplicadas también por gobiernos progresistas: políticas migratorias securitarias, aumento del gasto militar y ausencia de soluciones reales frente a la vivienda o la precariedad. La diferencia entre bloques se desplaza así al terreno simbólico, mientras las condiciones materiales que sostienen el deterioro social permanecen intactas.

La defensa de los servicios públicos y los límites del Estado del bienestar

La defensa de los servicios públicos ha ocupado un lugar central en la campaña andaluza. No podía ser de otra manera en una comunidad donde la sanidad, la educación y la dependencia concentran buena parte del malestar social acumulado durante los últimos años. Las listas de espera, la saturación de la Atención Primaria, la externalización de servicios, el deterioro de las condiciones laborales del personal público y la crisis sanitaria han permitido a la oposición convertir la defensa de “lo público” en uno de los principales campos de disputa electoral.

El PSOE-A ha tratado de reconstruir parte de su legitimidad presentándose como garante de los servicios públicos frente al deterioro provocado por el gobierno de Juanma Moreno. Por Andalucía y Adelante Andalucía han situado también la sanidad, la educación, la dependencia, la salud mental y la denuncia de las privatizaciones como ejes centrales de campaña. Unos hablan de recuperar la calidad perdida; otros, de blindar lo público o rescatar servicios privatizados. Sin embargo, todos tienden a presentar el problema como una cuestión de prioridad presupuestaria, mala gestión del PP o falta de voluntad política.

Ahí aparece el límite fundamental del enfoque progresista. Desde una perspectiva comunista, la cuestión no puede reducirse a si un gobierno autonómico dedica más o menos presupuesto a sanidad o educación, sino a qué función cumplen los servicios públicos dentro del Estado capitalista. El Estado del bienestar no es una institución neutral situada por encima de las clases, sino una forma histórica de gestión de la reproducción de la fuerza de trabajo. La escuela forma y disciplina fuerza de trabajo y la sanidad conserva su capacidad laboral. Para la clase trabajadora son derechos imprescindibles frente a la mercantilización completa de la vida, pero para el Estado burgués son también mecanismos de integración, disciplinamiento y reproducción del orden social.

Esto no significa abandonar la defensa de los servicios públicos ni situarse por fuera de las luchas que ya existen en torno a ellos. Al contrario: las mareas y sindicatos han expresado una resistencia necesaria frente a privatizaciones, recortes y externalizaciones. El problema aparece cuando esa defensa queda encerrada en una lógica puramente ciudadanista, limitada a exigir mejores gestores, más inversión o un retorno idealizado al viejo Estado del bienestar. En el capitalismo español actual, marcado por la terciarización, la deuda pública, la precarización laboral y la búsqueda constante de nuevos espacios de valorización, los servicios públicos se convierten crecientemente en nichos de mercado, transferencia de renta pública y reorganización mercantil de la reproducción social.

Por eso, la apuesta comunista no debería presentarse como una alternativa abstracta y externa a los espacios de la clase, sino como una orientación política dentro de ellos. Se trata de defender  los servicios públicos para virar el rumbo: de una defensa genérica de “lo público” hacia una defensa organizada desde los intereses de la clase trabajadora. Eso implica vincular el deterioro del servicio con las condiciones laborales de quienes lo sostienen, señalar el papel de las externalizaciones y conciertos y conectar cada conflicto concreto con la ofensiva general del capital sobre las condiciones de reproducción de nuestra clase.

La tarea inmediata trata de contribuir a que las luchas en defensa de los servicios públicos dejen de aparecer como una demanda moral de buena gestión y puedan convertirse en espacios de politización, organización y acumulación de fuerzas. No para restaurar nostálgicamente un Estado del bienestar que el propio desarrollo del capital español estrecha cada vez más, sino para mostrar que cada lista de espera, cada aula saturada, cada residencia privatizada y cada plantilla agotada expresan una misma contradicción: la subordinación de las necesidades sociales a la rentabilidad del capital.

Vox, la moderación del PP y el nuevo bloque conservador

La consolidación de Vox en Andalucía expresa mucho más que el crecimiento electoral de una fuerza de extrema derecha. No conviene leerla como un trasvase directo desde el antiguo electorado socialista hacia posiciones reaccionarias: la descomposición del PSOE-A ha alimentado sobre todo al PP como nuevo voto de orden. Vox cumple otra función: canalizar de forma reaccionaria parte del malestar social producido por la precariedad y la crisis de las viejas mediaciones políticas.

Vox ha conseguido construir un discurso simple y eficaz alrededor de la inmigración, la identidad nacional, la seguridad, la guerra cultural y el rechazo a las élites progresistas urbanas. Su crecimiento se alimenta tanto del deterioro material de amplios sectores populares como de la sensación de abandono político existente en numerosos barrios obreros y municipios. Allí donde la izquierda institucional solo ofrece gestión, moralismo y promesas incumplidas, Vox aparece como una falsa impugnación del orden existente.

Esa impugnación es puramente aparente. Vox no cuestiona las bases materiales de la precariedad, la explotación o la desposesión; las defiende envolviendo los intereses de la burguesía en un discurso nacionalista, autoritario y reaccionario. Su utilidad política para el bloque dominante es evidente porque canaliza el malestar producido por el capitalismo contra los sectores más pauperizados de nuestra clase.

La existencia de Vox ha permitido al PP andaluz presentarse como una derecha moderada, pragmática y estable. Frente al ruido trumpista de la extrema derecha, Juanma Moreno aparece como garante sereno de la gobernabilidad. Pero esa “vía andaluza” depende de un equilibrio frágil: si Vox sostiene la legislatura desde fuera, el PP puede intentar conservar su cara amable; si exige un precio más alto, esa moderación puede desgastarse rápidamente.

El precedente andaluz ya mostró los límites de esa distancia. Entre 2019 y 2022, Vox no entró en el Gobierno del PP y Ciudadanos, pero condicionó desde fuera acuerdos presupuestarios y medidas en memoria histórica, inmigración, aborto o “violencia intrafamiliar”. No necesitó gobernar ni insistir mucho para desplazar el marco político. Ahora bien, bajo un tono más amable, el PP profundiza privatizaciones, expansión del rentismo y transferencia de recursos públicos hacia intereses empresariales.

Andalucía en la crisis global y más allá del progresismo agotado

Reducir la descomposición de la izquierda institucional a errores tácticos o disputas entre dirigentes sería insuficiente. Su agotamiento se inscribe en transformaciones más amplias: financiarización de la economía, crisis de vivienda, turistificación, macroproyectos energéticos e intensificación agroindustrial. Andalucía vuelve a aparecer como territorio disponible para el extractivismo reproduciendo un modelo basado en bajos salarios, expulsión residencial y destrucción de ecosistemas. La crisis de la izquierda andaluza no es solo la crisis de unas siglas, sino la incapacidad histórica de construir un proyecto político independiente para una tierra integrada como periferia subordinada del capitalismo europeo.

Los resultados electorales confirman esta tendencia. El PP ha ganado con claridad, pero sin mayoría absoluta, y queda obligado a entenderse con Vox: la moderación se revela dependiente de la extrema derecha. Vox no necesita una explosión electoral para cumplir su función; le basta con convertirse en condición parlamentaria de la gobernabilidad conservadora. El PSOE vuelve a hundirse en su antiguo feudo, confirmando que su crisis no es coyuntural. La recuperación de Adelante Andalucía muestra que parte del malestar encuentra una traducción andalucista y progresista, pero dentro del mismo marco parlamentario que venimos criticando.

Que Adelante supere a Por Andalucía confirma, además, los límites autonómicos de la recomposición estatal de la izquierda alrededor de Izquierda Unida, Podemos y Sumar: en clave andaluza, la marca estatal se debilita frente a una candidatura que capitaliza mejor el malestar territorial.

La subida de la participación tampoco abrió un escenario de ruptura; apenas redistribuyó fuerzas dentro de un tablero marcado por la hegemonía conservadora, la dependencia de Vox y la impotencia estratégica de la izquierda institucional. Pero sería igual de erróneo leer la abstención como una forma consciente de ruptura con las instituciones. La desmovilización electoral no constituye por sí misma una posición organizada ni expresa necesariamente un nivel superior de conciencia: puede expresar malestar, agotamiento o indiferencia, pero por sí sola no impulsa una táctica y un programa transformador.

La cuestión, por tanto, no es celebrar el repliegue electoral como ruptura latente, sino intervenir sobre esa descomposición para transformarla en organización consciente. Solo la recomposición política de la clase trabajadora en centros de trabajo, centros de estudio y barrios puede convertir el malestar disperso en una fuerza capaz de disputar el poder real del capital. Sin la reconstrucción del Partido Comunista, el desencanto seguirá oscilando entre impotencia individual y captura reaccionaria.