Las relaciones económicas y sociales no solo tienen una dimensión temporal, sino que también se expresan en el plano espacial. Por ello al analizar la articulación de nuestro entorno, debemos partir desde la consideración de que el espacio no es neutro y que está ligado a los intereses de producción del capital. El resultado es un mundo rural marcado por la precariedad laboral, la implantación de proyectos industriales y energéticos altamente contaminantes y, por supuesto, la despoblación.

Los efectos físicos, sociales, económicos y medioambientales de este modelo profundizan las contradicciones entre las grandes ciudades y los territorios rurales. Se consolida así una jerarquización del espacio en la que el mundo rural queda subordinado a las necesidades económicas de otros territorios, perdiendo capacidad para decidir sobre sus propios recursos y su futuro.

Ante la despoblación, las instituciones repiten recetas que parten de la nostalgia y no de una crítica a las causas estructurales del vaciamiento rural. Se trata de atraer población sin transformar el modelo económico que la expulsa. Sin embargo, cualquiera que conozca un pueblo de Soria, e incluso los barrios de la capital, habrá observado una misma contradicción: calles enteras de casas cerradas y, al mismo tiempo, jóvenes que quieren quedarse y no encuentran dónde vivir. Estamos ante la paradoja de las casas vacías.

Solo en la capital contamos con 2320 casas vacías y 3275 casas de uso esporádico, que representan un 9% y un 13% del parque inmobiliario de la capital. Una situación que se agrava si miramos al mundo rural. En Soria, esta contradicción es especialmente sangrante. Según la Estadística de Viviendas Declaradas en el IRPF de 2023, nuestra provincia cuenta con más 31.932 viviendas que entran en el cómputo fiscal de «no principales».

Con estos datos, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede faltar vivienda donde sobran casas? Responder a esta contradicción nos obliga a analizar qué función cumple la vivienda bajo el capitalismo.

La vivienda ha dejado de ser únicamente un bien de uso para convertirse también en un activo de inversión. Cada vez más, se adquiere como una forma de acumular patrimonio y obtener rentabilidad, y no necesariamente para vivir en ella o incorporarla al mercado del alquiler residencial. El problema, por tanto, no reside únicamente en cuántas viviendas existen, sino también en quién tiene acceso a ellas, en qué condiciones y qué intereses determinan su utilización.

A esta situación se suma el auge del alquiler turístico. Según el INE, en noviembre de 2025 el Estado contabilizaba cerca de 330.000 viviendas de uso turístico (VUT). En la provincia de Soria, la cifra asciende a 540, de las que 153 se concentran en la capital. El 70% restante se distribuye por el medio rural, especialmente en municipios como El Burgo de Osma (41), Vinuesa (21), Cidones (19), Molinos de Duero (18) y San Leonardo de Yagüe (15) en donde la asimetría entre las casas disponibles para vivir y aquellas para lucrarse es aún mayor.

Esta creciente orientación del parque inmobiliario hacia el uso vacacional limita las opciones de acceso a la vivienda para residentes y trabajadores temporales, al tiempo que añade presión sobre los precios del reducido mercado de alquiler permanente. Esta presión se refleja en la evolución de los precios del alquiler. De acuerdo con el informe de precios de Idealista, el pasado mes de octubre las rentas registraron un incremento interanual del 10,5 % en Soria, frente al 5,6 % de la media nacional.

El resultado es que la falta de vivienda se convierte en otro factor de expulsión de la población trabajadora. La juventud no puede emanciparse en sus pueblos, quienes emigraron encuentran dificultades para regresar y los trabajadores que llegan para cubrir empleos esenciales apenas encuentran alojamiento. Así, la crisis de vivienda no solo dificulta el acceso a un hogar: también profundiza la despoblación y debilita las posibilidades de mantener vivos los territorios rurales.

Y hay una consecuencia menos visible pero igual de importante: la vivienda se come el salario. Cada subida del alquiler es una rebaja salarial encubierta.  Por eso la vivienda no es un tema «aparte» de la lucha laboral.

Es precisamente por esto por lo que la cuestión de la vivienda también debe entenderse como una cuestión de clase. Las condiciones de vida de la clase trabajadora no terminan en el centro de trabajo ni se limitan a la negociación de salarios y horarios. Incluyen también el acceso a una vivienda digna, la sanidad, el transporte, los cuidados y todos aquellos elementos necesarios para sostener la vida.

De poco sirve generar empleo y atraer actividad económica si quienes deben sostenerla no pueden acceder a una vivienda en el territorio. Se produce así la paradoja: el mismo modelo que necesita fijar población dificulta las condiciones materiales que permitirían su permanencia, entre otras el acceso a la vivienda.

Puede parecer llamativo hablar de huelga en un territorio con escasa presencia industrial. Sin embargo, es precisamente ahí donde cobra sentido reivindicar su valor: la huelga no consiste solo en dejar de trabajar para reclamar mejoras salariales, sino en demostrar la fuerza colectiva de la clase trabajadora y su capacidad para organizarse. Su eficacia requiere preparación, confianza, coordinación y herramientas. Incluso sin alcanzar todos sus objetivos, una huelga bien organizada puede dejar una estructura colectiva más fuerte.

El reto está en construir una organización consciente y un sindicalismo que vaya más allá de las reivindicaciones laborales y abarque el conjunto de las condiciones de vida: salarios, vivienda, sanidad, transporte o cuidados. La implicación de los grandes sindicatos en una huelga por el derecho a la vivienda abre una oportunidad para ampliar ese horizonte, aunque su alcance dependerá, en última instancia, de la capacidad organizativa de la base.